Corea del Sur.- Este miércoles 28 de enero de 2026, la Corte del Tribunal del Distrito Central de Seúl dictó una sentencia de 20 años en prisión en contra de Kim Keon-hee, exprimera dama de Corea del Sur, quien fue hallada responsable por delitos de corrupción.
De acuerdo con la declaratoria, Kim recibió regalos de lujo como un collar de diamantes de Graff y un bolso de Chanel de la Iglesia de la Unificación a cambio de promesas de favores empresariales, gozando así de beneficios personales mientras aprovechaba su posición como esposa de Yoon Suk-yeol, entonces presidente:
Estando cerca de un presidente, una primera dama puede ejercer una influencia significativa sobre él y es una figura simbólica que representa al país junto con un presidente (…) Pero la acusada aprovechó su posición para obtener beneficios personales.
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Previo a la sentencia, el fiscal independiente Min Joong-ki había solicitado una pena de 15 años en prisión por los cargos relacionados con soborno, manipulación de precios de acciones y violaciones de la ley de financiamiento político. Sin embargo, el tribunal absolvió a Kim de los otros dos cargos, citando falta de pruebas y otras razones.
Es así que, a través de sus abogados, la exprimera dama dijo que “aceptará humildemente” la opinión del tribunal y “se disculpa de nuevo con todos por causar preocupaciones”.
Yoon Suk-yeol espera veredicto por el delito de rebelión
El ahora expresidente Yoon Suk-yeol – quien días atrás fue condenado a cinco años de prisión por obstrucción a la justicia y otros delitos relacionados con la declaración de la ley marcial ordenada en diciembre de 2024 – espera una nueva audiencia en la que se emitirá un nuevo veredicto por rebelión.
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Fiscales solicitan pena de muerte para Yoon Suk-yeol
Hace apenas unos días, en un caso aparte, los fiscales solicitaron la pena de muerte para Yoon Suk Yeol por su papel como “cabecilla de una insurrección” al orquestar la imposición de la suspensión del gobierno civil.
Estos señalan que el expresidente merece el castigo más severo posible, ya que no mostró “ningún remordimiento” por acciones que pusieron en peligro “el orden constitucional y la democracia”. No obstante, en sus comentarios finales, el expresidente sostuvo que “el ejercicio de los poderes de emergencia constitucional de un presidente para proteger a la nación y defender el orden constitucional no puede considerarse un acto de insurrección”.
