Corea del Sur.- Este viernes 16 de enero de 2026, un tribunal de Corea del Sur condenó al expresidente Yoon Suk Yeol a cinco años de prisión por obstrucción a la justicia y otros delitos relacionados con la declaración de la ley marcial ordenada en diciembre de 2024.
El juez Baek Dae-hyun, del Tribunal del Distrito Central de Seúl, declaró a Yoon culpable de movilizar el servicio de seguridad presidencial para impedir que las autoridades ejecutaran una orden de arresto en su contra, así como también de excluir a miembros del gabinete de una reunión clave para la planificación de la ley marcial. El juez Baek declaró al respecto:
A pesar de tener el deber, por encima de todos los demás, de defender la Constitución y observar el estado de derecho como presidente, el acusado mostró en cambio una actitud que ignoraba la Constitución.
(…) El acusado abusó de su enorme influencia como presidente para impedir la ejecución de órdenes judiciales legítimas a través de funcionarios del Servicio de Seguridad, que en la práctica privatizaron a funcionarios… leales a la República de Corea para su seguridad y beneficio personal.
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Yoon Suk Yeol fue absuelto del cargo de falsificación de documentos oficiales por falta de pruebas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el ahora exmandatario enfrenta múltiples juicios por sus acciones durante la crisis y la agitación posterior.
Defensa de Yoon anuncia apelación al veredicto
Tras darse a conocer la sentencia de cinco años en prisión para el expresidente surcoreano, una de sus abogadas, Yoo Jung-hwa, declaró a las afueras del tribunal que el expresidente apelaría a la decisión, la cual además calificó como “politizada”:
Lamentamos que la decisión se haya tomado de forma politizada.
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Fiscales solicitan pena de muerte para Yoon Suk Yeol
Hace apenas unos días, en un caso aparte, los fiscales solicitaron la pena de muerte para Yoon Suk Yeol por su papel como “cabecilla de una insurrección” al orquestar la imposición de la suspensión del gobierno civil.
Estos señalan que el expresidente merece el castigo más severo posible, ya que no mostró “ningún remordimiento” por acciones que pusieron en peligro “el orden constitucional y la democracia”. No obstante, en sus comentarios finales, el expresidente sostuvo que “el ejercicio de los poderes de emergencia constitucional de un presidente para proteger a la nación y defender el orden constitucional no puede considerarse un acto de insurrección”.
