Japón. La política japonesa entró en una fase de alta tensión tras el anuncio de la primera ministra Sanae Takaichi de disolver la Cámara de Representantes y convocar a elecciones anticipadas para el próximo 8 de febrero. La decisión, inesperada para amplios sectores del Parlamento, busca aprovechar el momento de mayor fortaleza política de la mandataria, quien asumió el cargo hace menos de cuatro meses con niveles de aprobación cercanos al 70%.
Con este movimiento, Takaichi pretende legitimar su proyecto de gobierno mediante un respaldo directo en las urnas y consolidar al primer gabinete encabezado por una mujer en la historia de Japón. El adelanto electoral rompe con los tiempos habituales del sistema político japonés y abre un proceso acelerado que pondrá a prueba tanto a la coalición gobernante como a la oposición.
El calendario es particularmente ajustado: la campaña durará apenas 16 días, convirtiéndose en la más breve desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Además, es la primera vez desde 1992 que el Parlamento se disuelve en pleno inicio del periodo ordinario de sesiones, en enero, un hecho inusual que añade presión logística y estratégica a todos los partidos.
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Actualmente, el Partido Liberal Democrático (PLD) y su aliado, el Partido de la Innovación de Japón (JIP), controlan 233 de los 465 escaños, una mayoría heredada del gobierno anterior y considerada frágil. En el Senado, además, la coalición no cuenta con control, lo que limita la capacidad de maniobra legislativa de la primera ministra.
Economía, inflación y la batalla por el impuesto al consumo
Uno de los ejes centrales de la campaña será la economía. Takaichi propuso suspender durante dos años el impuesto al consumo del 8% sobre los alimentos, una medida pensada para aliviar el impacto de la inflación en los hogares. El costo fiscal del plan se estima en 5 billones de yenes anuales, equivalentes a unos 27 mil 200 millones de euros.
La reacción de los mercados no se hizo esperar. El rendimiento de los bonos japoneses a 10 años alcanzó su nivel más alto en 27 años, reflejando la preocupación por el crecimiento de la deuda pública, ya la más elevada entre las economías del G7. La oposición, encabezada por la Alianza Reformista, incluso plantea eliminar de forma permanente el IVA en alimentos, lo que ha encendido alertas entre analistas por el riesgo de deterioro fiscal y mayor presión sobre el yen.
¿Está Japón cambiando su rumbo estratégico?
En el plano internacional, uno de los puntos más sensibles de la agenda es la propuesta de elevar el gasto militar hasta el 2% del PIB, un umbral que rompe con décadas de política de contención en materia de defensa. La iniciativa responde tanto a la presión de Estados Unidos como al creciente deterioro de las relaciones con China, marcado por tensiones en torno a Taiwán y restricciones comerciales de Pekín sobre minerales estratégicos.
Defensa y poder: el debate que marca la campaña
Takaichi sostiene que el incremento del gasto militar no representa una radicalización ideológica, sino una redefinición del papel de Japón como “nación normal”, capaz de garantizar su seguridad y proteger los intereses de sus ciudadanos en un entorno internacional cada vez más inestable.
