Estados Unidos.- La Casa Blanca se ha convertido en objeto de señalamientos tras el hallazgo de un segundo lote de documentos secretos presuntamente extraviados por el presidente Joe Biden; y es que, además de lo que esto implica directamente para el mandatario estadounidense, se ha informado que el descubrimiento interfiere con otra investigación que involucra al republicano Donald Trump.
Este miércoles 11 de enero NBC News, seguido por otros medios de comunicación, reportaron que se encontró otro “pequeño número” de documentos clasificados en una oficina de Joe Biden ubicada en Washington, donde el político solía trabajar cuando fungía como vicepresidente por el periodo de Barack Obama.
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Según el medio antes citado, dentro de este paquete se encontrarían “memorandos de inteligencia de EE. UU. y materiales informativos que cubrían temas como Ucrania, Irán y el Reino Unido”.
Expertos advierten que el nuevo escándalo de Joe Biden podría provocar ciertas dificultades políticas que interfieran con la investigación en curso en contra de Donald Trump, quien exigió que ambos casos sean tratados con la misma dureza. No obstante, la situación de este último parece ser aún más delicada, a que el FBI recuperó cerca de 11 mil documentos dentro de su residencia en agosto pasado, lo que podría acarrearle cargos por obstrucción a la justicia.
Ahora bien, retomando el segundo lote de documentos secretos que se la ha descubierto a Biden, la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, se limitó a evadir las preguntas de los medios excusándose con la investigación en curso por parte del Departamento de Justicia, pues apuntó durante una rueda de prensa este miércoles:
Vamos a estar limitados en cuanto a lo que podemos decir aquí.
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Finalmente, hay que recordar que fueron los mismos abogados de Biden quienes descubrieron los primeros documentos en noviembre pasado, durante una jornada de limpieza en el Centro Penn Biden, afiliado a la Universidad de Pensilvania, y los remitieron al Archivo Nacional. Desde entonces, los legalistas han cooperado para “asegurarse de que los registros de la administración Obama-Biden estén en posesión del Archivo y el Departamento de Justicia”.
