Perú.- Este lunes 26 de diciembre, la Fiscalía de Perú confirmó el proceso de allanamiento a la vivienda de Walter Ayala, quien ejerció como exministro de Defensa durante el Gobierno del expresidente Pedro Castillo. Además, también se realizó el mismo operativo en las casas de un grupo de generales de la Policía Nacional, quienes están siendo investigados por presuntos ascensos irregulares en 2021.
De acuerdo con lo informado por medios locales, el operativo comenzó a las 04:00 h de este lunes, tras una autorización del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema. Luego de dichos reportes, el Ministerio Público confirmó que el Equipo fiscal del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales:
Allanó la vivienda y oficina del exministro Walter Ayala, incautando documentos y dispositivos, en la investigación por los presuntos ascensos irregulares de policías y militares.
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Además, casi simultáneamente, el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, liderado por la fiscal Marita Barreto, adelantó un segundo proceso en contra de otros empleados del régimen de seguridad, pues agregan:
Se realiza un megaoperativo contra los generales investigados por presuntamente haber entregado dinero para ascender de rango, en el 2021, con autorización del expresidente Pedro Castillo.
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También se dio a conocer que el operativo comprendió la intervención total de 27 inmuebles en Lima y en las regiones de Cuzco, Tacna y Tumbes, permitiendo a su vez la detención preliminar de tres generales de la PNP, un mayor retirado, un suboficial y un civil. El Ministerio Público detalló:
A través de estas intervenciones, fueron detenidos 6 de los investigados. Las diligencias, que incluyen 26 allanamientos a nivel nacional, están a cargo del fiscal Luis Martínez, con apoyo del equipo especial de la Policía Nacional del Perú (PNP).
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Finalmente, el operativo en contra de los servidores del expresidente Pedro Castillo ocurre justo mientras este último se mantiene en prisión preventiva, medida que deberá enfrentar al menos por 18 meses mientras se desarrolla una investigación en su contra.
