Estados Unidos.- Este viernes 5 de enero la Fiscalía de Nueva York presentó oficialmente su solicitud de sanciones en relación con el juicio civil por fraude empresarial de Donald Trump, en la cual reclamó una multa de 370 millones de dólares y un veto “de por vida” en el sector inmobiliario del estado, mismo donde el expresidente de Estados Unidos (2017-2021) construyó su “imperio”.
Durante la audiencia ambas partes destacaron sus conclusiones del juicio en los documentos judiciales antes de los argumentos finales. Sin embargo, no será sino hasta el próximo 11 de enero cuando el juez Arthur Engoron emita un veredicto por escrito y concrete una posible multa millonaria para Doland Trump, sus dos hijos mayores y dos antiguos ejecutivos, todos ellos miembros de la llamada Organización Trump.
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La oficina de la fiscal Letitia James, que ha impulsado el caso de fraude inmobiliario en contra del magnate, reclamó inicialmente 250 millones de penalización, pero este viernes argumentó que Trump debería pagar más porque ha quedado demostrado en el juicio que obtuvo ganancias ilícitas.
Por otra parte, la Fiscalía también reclama que a Trump y a los dos antiguos ejecutivos de su empresa acusados, Allen Weisselberg y Jeffrey McConey, que se les impida “de por vida” participar en el sector inmobiliario o ejercer la dirección de “cualquier empresa o entidad legal” en el estado de Nueva York.
Cabe destacar que la demanda de James acusa a Trump, su empresa y ejecutivos de engañar a bancos y aseguradoras al inflar enormemente su patrimonio neto, pues se dice que el político obtuvo tasas atractivas en préstamos y seguros debido a la riqueza que afirmó en sus “estados de situación financiera” personales.
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Incluso en el proceso se alega que los documentos daban valores exorbitantes para campos de golf, hoteles y más, incluida la antigua casa de Trump en la torre que lleva su mismo nombre en Nueva York y su casa actual en el club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.
Mientras tanto, en respuesta a la multa solicitada este viernes, los abogados de Trump criticaron la cifra como “groseramente excesiva” y argumentaron que las transacciones analizadas “fueron bilaterales entre los acusados y sus bancos, y ninguna supuso un impacto para el público” o el mercado.
