Ciudad del Vaticano.- En El Vaticano se
encuentra todo listo para el inicio del llamado “juicio del siglo”
contra el ex mayordomo papal Paolo Gabriele, acusado de robar documentos
confidenciales y otros objetos de los apartamentos de Benedicto XVI.
Poco después de las 09:30 hora local (07:30 GMT) del próximo sábado 29 de
septiembre dará inicio la primera audiencia del proceso más importante de la
historia del tribunal civil del Estado pontificio, producto del escándalo
“vatileaks”, la filtración a la prensa de los textos reservados del
Papa.
Ante un “colegio” compuesto por tres jueces comparecerá no sólo
Gabriele, acusado del delito de “robo agravado”, sino también el
informático Claudio Sciarpelletti, ex empleado de la Secretaría de Estado imputado
por “favorecimiento”.
Según el código penal vigente en el territorio vaticano la sentencia contra el
ex mayordomo podría ir de uno a ocho años de prisión, mientras el programador
podría recibir una condena que va de un mes a un año de reclusión.
En 1929, con la creación del Estado de la Ciudad del Vaticano gracias a los
Pactos Lateranenses firmados entre el papado y el gobierno de Italia, el
“país más pequeño del mundo” asumió como propios los códigos penal y
de procedimientos penales vigentes entonces en territorio italiano.
Un año después el gobierno de Benito Musolini modificó esos códigos, pero
entonces Pío XI decidió no asumir esas normatividades emanadas por considerar
que sus postulados, surgidos de un gobierno dictatorial, no eran compatibles
con los valores católicos.
Actualmente el tribunal vaticano funciona según el código penal emanado por
Humberto I, rey de Italia, en 1889 bajo una fuerte impronta liberal, propia de
la época, y de acuerdo al código de procedimientos penales “Zanardelli”
que data de 1913.
Por ello el juicio tendrá diferencias sustanciales con los usos propios de los
procesos que actualmente se realizan en diversos países de Europa y América.
La diferencia más importante es que, durante el juicio, quien conducirá las acciones
será el presidente del “colegio de jueces”, Giuseppe della Torre,
quien será responsable de interrogar a los imputados, a los testigos y ordenar
los descargos de las partes.
De hecho no tendrá lugar la técnica de “cross examination”
(contradictorio entre las partes) ya que tanto la parte acusadora como la
defensa, para cuestionar a los interrogados, deberán dirigirse al juez quien
transmitirá las preguntas si las considera pertinentes.
El proceso tendrá lugar en el aula principal de audiencias del tribunal
vaticano, en un edificio ubicado justo detrás de la Basílica de San Pedro. Se
trata de un espacio reducido, en el cual no pueden permanecer físicamente más
de 40 personas.
Amueblado al típico estilo judicial, en la parte central de la sala se encuentra
el estrado con espacio para los tres jueces. A los costados dos ambones
servirán para taquígrafos mientras en contraparte al estrado, ante dos mesas de
madera, se ubicarán, a la derecha, el promotor de justicia (ministerio público)
y a la izquierda los imputados.
Al fondo y tras un divisor se ubicará el público, poco más de 20 sillas que
serán ocupadas en parte por un grupo de periodistas (10 en total, ocho de
medios comerciales y dos de medios vaticanos) los cuales, al final de cada
audiencia, reportarán a sus colegas los detalles.
El abogado Giovanni Giacobbe, promotor de justicia de la Corte de Apelación del
Estado Vaticano, reconoció que se trata del proceso más importante de la
historia de ese tribunal, que cada año atiende unos 30 procedimientos por
delitos menores.
De acuerdo a los procedimientos penales, el juicio se abrirá con la
presentación de las partes y la exposición de un juez “relator”, uno
de los miembros del colegio que expondrá ampliamente todos los hechos que
originaron la denuncia contra los imputados.
Posteriormente se pasará al interrogatorio de garantía de los imputados,
primero Paolo Gabriele y después Claudio Sciarpelletti. Ellos no prestarán
juramente alguno ya que podrían mentir a la hora de defenderse.
En ese momento tanto la fiscalía como la defensa pueden solicitar instancias de
excepción o pericias particulares que, si son acogidas por el juez, provocarían
la suspensión de la audiencia y la convocatoria a un segundo encuentro.
Si las instancias no son presentadas, entonces se procede a los interrogatorios
de los testigos, todos aquellos que sean convocados por las partes. Una vez
concluida esta fase se pasará a la requisitoria final con las arengas
conclusivas.
Las arengas podrán ser replicadas, pero los últimos en hablar serán los
imputados, que podrán dirigirse directamente a los jueces. Inmediatamente
después se retirarán en “cámara de consejo” para decidir la
sentencia.
Una vez emitida la sentencia el juez cuenta con algunos días para publicar la
motivación de la misma, tras lo cual cualquiera de las partes puede pedir la
apelación, que -de ocurrir- sería histórico ya que ninguna decisión del
tribunal fue apelada jamás.
Aunque en cualquier momento el Papa podría intervenir y frenar el juicio para
conceder el perdón a los imputados, no se espera que esto ocurra, al menos
hasta la sentencia definitiva.IN
