Bogotá.- El Gobierno de Colombia y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) abrirán en Oslo un
proceso de paz con una agenda que ambas partes han calificado de
“realista” y que tiene como ejes buscar una solución al problema de la
tierra y la dejación de las armas por parte del grupo guerrillero.
Una agenda que se completa con otros tres
grandes temas a debate: entrada de los guerrilleros desmovilizados en la
vida política, solución al problema del narcotráfico y reparación a las
víctimas del largo conflicto, acotó Efe.
Estos puntos, sumados a un sexto aspecto referido a la implementación de
las decisiones adoptadas, componen el “Acuerdo general para la
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y
duradera”, negociado en secreto por las partes entre el 23 de febrero y
el 26 de agosto de este año en La Habana.
Lo escueto y concreto, frente a las agendas inabarcables de anteriores
intentos frustrados de paz, han alimentado el optimismo en un país que
arrastra casi 50 años de conflicto armado, pese a que los negociadores
han advertido de que este es solo el principio de un largo y difícil
camino hacia la paz.
Una confrontación en la que nadie ha contado
los muertos, pero que se calculan por millones, y con otros
aproximadamente cinco millones de campesinos que han abandonado sus
hogares por la violencia ejercida por las guerrillas, los paramilitares,
las bandas criminales y el propio Estado, según la Consultoría para los
Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).
Uno de los aspectos que más expectativas ha levantado es que “por
primera vez se incluye en la agenda, de manera expresa, la dejación de
armas y la finalización del conflicto”, destacó a Efe el experto en
seguridad y doctor en Ciencia Política, Alejo Vargas.
Y es que las FARC habían sido tradicionalmente reacias a comprometerse en ese sentido.
Tras la instalación de las negociaciones en Oslo, la mesa comenzará con
el debate sobre el desarrollo agrario integral, que tiene una gran carga
de complejidad al tratarse del origen del histórico conflicto.
El presidente Juan Manuel Santos abonó el terreno con la sanción de la
Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en vigor desde enero, y con
una propuesta de Ley de Desarrollo Rural que se debate en el Congreso y
que comprende desde la asistencia técnica a campesinos y concesión de
créditos hasta adecuación de terrenos.
El hecho de que el Gobierno trabaje en esa dirección puede favorecer “un
acuerdo muy fácil”, reconoció a Efe el economista y experto en
desarrollo agroindustrial Absalón Machado, pues aunque no se conozca aún
la posición de las FARC se presume que las propuestas estatales
tendrían buena acogida.
Según el ministro colombiano de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, de
las solicitudes por tierras despojadas que se han presentado el 37 % de
los reclamantes dice que los responsables son las FARC y de esos predios
“se presume que pueden estar minados hasta un 70 %”, es decir, que
albergarían minas antipersona.
El propósito de Santos es llegar a un acuerdo sobre al menos un punto
antes de junio de 2013, y en caso de no lograrse está dispuesto a
suspender las negociaciones.
Y el tema de tierras es clave para buscar soluciones al resto de la
agenda, pues además guarda relación con los planteamientos de
sustitución de los cultivos de hoja de coca que las FARC han reconocido
proteger a cambio del pago de un “tributo” por volumen de droga
producida.
Machado, también director académico del Informe de Desarrollo Humano
Colombia 2011, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), cree que si se llega a modificar el “modelo de desarrollo”
surgirían posibilidades de reinserción para algunos de los 8.500
combatientes de las FARC que hipotéticamente dejarían las armas.
Y el futuro que les esperaría a otros integrantes de la guerrilla sería la vida política, pero para ello debe haber garantías.
En ese sentido pesa aún la sombra de la Unión Patriótica, el partido que
se creó tras las conversaciones lideradas por el presidente Belisario
Betancour (1981-1986) y muchos de sus líderes fueron asesinados por
paramilitares y el propio Estado.
El copresidente de la Comisión de Paz del Congreso y representante del
Polo Democrático Alternativo (PDA), Iván Cepeda, recordó a Efe que ese
movimiento surgió como “un puerto de llegada de la guerrilla a la vida
política”, por eso consideró que “será un enorme reto garantizar la
vida” de los desmovilizados que opten por esa vía.
Desafíos que se suman a la búsqueda de la reconciliación y el resarcimiento a las víctimas.
Como asegura Absalón Machado, “lo fundamental es que hay voluntad de llegar a un acuerdo, así los temas sean difíciles”.NE
