Perú.- Este jueves 15 de diciembre el Poder Judicial del Perú resolvió que el expresidente Pedro Castillo deberá pasar 18 meses de prisión preventiva, esto en medio del proceso judicial que cursa en su contra por los delitos de rebelión y conspiración.
A una semana de que castillo fuera destituido del poder y detenido por tratar de oficiar un “autogolpe de Estado” en Perú, el Tribunal determinó la necesidad de mantenerlo privado de la libertad en tanto continúa su proceso. Cabe destacar que el exmandatario se negó a ser notificado y no participó en la audiencia al considerar que “no existen garantías”; mientras tanto, su defensa en la cita fue asumida por Ronald Atencio, un abogado de oficio.
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El fiscal adjunto supremo, Alcides Chinchay, estimó en la audiencia que la pena a Castillo sería de 10 a 20 años de cárcel, además, enfatizó que hay peligro de que el político se fugue a México, que le quiere brindar asilo. Adicional esto, consideró que el exmandatario es “coautor” de un golpe de Estado junto con quienes fueron sus primeros ministros, en este caso Betsy Chávez y Aníbal Torres, por lo que indicó:
Así lo dispuso al encontrar fundados elementos de convicción, eventual condena superior a cuatro años de pena privativa de la libertad y peligro procesal (…) Magistrado también ordenó comparecencia con restricciones y reglas de conducta para expremier Aníbal Torres, investigado en el mismo caso.
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Por otro lado, mientras la justicia peruana evaluaba si extendería la detención del expresidente Pedro Castillo a 18 meses por pedido de la Fiscalía de la Nación, el político compartía una nueva carta a través de sus redes sociales, en la cual denunció a la embajadora de Estados Unidos en Lima, Lisa Kenna, por presuntamente “ordenar” a la presidenta Dina Boluarte que despliegue el Ejército en las calles en medio de las protestas contra su administración. El expresidente de Perú escribió:
La visita de la embajadora de EE. UU. a Palacio de Gobierno no fue gratis, tampoco a favor del país. Fue para dar la orden de sacar las tropas a las calles y masacrar a mi pueblo indefenso; y, de paso, dejar el camino libre para las explotaciones mineras, como el caso de Conga, Tía María y otros.
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