Estados Unidos. La administración de Donald Trump enfrenta una nueva batalla legal tras implementar una política que restringe el acceso de inmigrantes a beneficios de salud y asistencia social. Este miércoles, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda contra el gobierno federal por una reinterpretación de la ley PRWORA de 1996 que, aseguran, afecta de manera injusta a millones de personas, incluidos residentes permanentes legales, refugiados y menores de edad.
Según la demanda, más de 800 mil niños y familias dependen anualmente de los servicios ahora amenazados por la decisión de la Casa Blanca.
La directiva, emitida esta semana por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), elimina la elegibilidad de inmigrantes para programas clave como Medicaid (salvo emergencias), asistencia alimentaria SNAP, subsidios de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio y beneficios educativos como Head Start. Esta última medida impacta directamente a niños menores de cinco años en situación vulnerable.
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En su defensa, el secretario del HHS, Robert F. Kennedy Jr., justificó la política asegurando que busca “restaurar la integridad” del sistema de asistencia social, proteger los fondos públicos y reforzar el cumplimiento de la ley. Kennedy afirmó que, por años, los recursos de los contribuyentes han sido utilizados para incentivar la inmigración irregular.
La ACLU, junto con proveedores de salud y organizaciones defensoras de los migrantes, llevó el caso ante un tribunal federal en el estado de Washington. Ming-Qi Chu, subdirectora del Proyecto de Derechos de la Mujer de la ACLU, calificó la medida como una “exclusión ilegal” que contradice tanto la intención original del Congreso como el texto de la ley.
