Estados Unidos. Un juez federal en Nueva Hampshire decidió frenar temporalmente la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca eliminar la ciudadanía automática por nacimiento en Estados Unidos para hijos de padres indocumentados o con estatus migratorio temporal. Joseph LaPlante anunció que certificará una demanda colectiva que representa a todos los niños afectados por esta medida y emitirá una orden judicial preliminar para suspender su aplicación.
La demanda, presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles y otras organizaciones, fue interpuesta en nombre de una mujer embarazada, dos padres y sus hijos, y busca proteger a miles de bebés y familias frente a los posibles daños que la orden podría causar. Aunque inicialmente los demandantes intentaron incluir también a los padres, el juez limitó el alcance de la acción colectiva solo a los niños nacidos bajo esta condición.
El núcleo del conflicto gira en torno a la interpretación de la cláusula de ciudadanía establecida en la 14ª Enmienda, que garantiza la nacionalidad a todos los nacidos en territorio estadounidense “y sujetos a su jurisdicción”. El gobierno de Trump argumenta que esta frase excluye a hijos de personas que están en el país sin autorización, mientras que los opositores defienden que esta práctica ha sido parte fundamental de la ley estadounidense durante más de un siglo.
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LaPlante reconoció que los argumentos del gobierno no carecen de mérito, pero no los encontró suficientemente persuasivos para negar la suspensión. Resaltó que privar a un niño de la ciudadanía constituye un daño irreparable.
Casos similares han sido bloqueados en otras cortes federales, aunque la Corte Suprema estableció un plazo de 30 días para que los tribunales inferiores resuelvan el asunto. Frente a esto, grupos como CASA y los estados afectados siguen buscando detener la orden a nivel nacional.
Entre los demandantes se encuentran familias que huyeron de violencia en sus países y temen por la seguridad y el futuro de sus hijos en Estados Unidos, destacando la incertidumbre y el temor que esta política genera en comunidades migrantes.
