Congreso Honduras destituye 4 magistrados

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso hondureño aprobó el miércoles en la madrugada la destitución
inmediata de cuatro magistrados de la sala constitucional de la Corte Suprema
de Justicia tras una moción presentada por el diputado Jeffrey Flores, del
Partido Nacional.
Con 97 sufragios a favor y 31 en contra, los legisladores aprobaron dicha
destitución a las 4 de la mañana tras la lectura de un informe elaborado por
una comisión y un largo debate.
“La conducta de los magistrados pone en peligro la seguridad ciudadana.
Es manifiestamente contraria al interés del estado?, afirmó Flores. La tensión
subió el martes cuando unos 50 soldados y 25 policías se presentaron afuera del
edificio del Congreso.
Melvin Flores, mayor del ejército, dijo que sus soldados habían sido
enviados por sus comandantes para resguardar el edificio. Sin embargo, el
vicepresidente del Congreso, Marvin Ponce, dijo que él no había pedido las
tropas.
El presidente Porfirio Lobo ha estado enfrascado en un enfrentamiento con
los jueces de la Corte Suprema, a quienes acusa de atender poderosos intereses
de negocios. Dice que la misma gente que depuso en su momento al presidente
Manuel Zelaya en el golpe de Estado de 2009 ahora planea deponerlo a él.
Desde hace tiempo se considera que los jueces federales hondureños están
vinculados íntimamente con la élite empresarial.
En octubre, la Corte Suprema desestimó el plan de Lobo de construir ciudades
privadas como una manera de atraer inversión y desarrollo económico, y la
semana pasada declaró inconstitucional su plan de limpiar la Policía nacional,
famosa por su corrupción.
Horas antes, el Congreso aprobó una propuesta de ley para someter a voto
popular dicho plan luego de que los tribunales lo bloquearon.
En la exposición de motivos de la destitución de los magistrados, presentada
por el diputado Rigoberto Chang, se explicó que “el Congreso aprobó el
decreto de depuración policial con vigencia de seis meses entre el 25 de mayo y
el 25 de noviembre.
Fue impugnado (por la Corte Suprema) el 26 de junio y era de tramitación
expedita, pero fue resuelto el 27 de noviembre cuando ya no estaba en
vigencia”.
“La resolución emitida por la Corte no es congruente con la política de
seguridad desarrollada por el ejecutivo y el legislativo y conlleva graves
perjuicios a la seguridad del estado, y deja abierto que se presenten demandas
millonarias por parte de los policías afectados por la depuración?, agregó.
Renán Hineztroza, diputado del gobernante Partido Nacional, dijo que se
actuó en contra de los magistrados “pensando en los miles de hondureños
que reclaman justicia por las acciones de la policía. Si la corte no nos
permite aplicar la depuración policial estamos siendo burlados todos los
hondureños” .
Pero muchos de los presentes no estuvieron de acuerdo con el resultado de la
votación.José Saavedra, jefe de bancada del Partido Liberal, dijo lamentar
“el mensaje expuesto a la opinión pública nacional e internacional.
Se está amedrentando desde el poder legislativo al poder judicial. Se está
violentando la independencia de poderes que no tienen relaciones de
subordinación. Los problemas de inseguridad no se resuelven con esta decisión.
Así no generamos seguridad jurídica para Honduras” . Otro diputado
opositor, Wenceslao Lara, del Partido Liberal, consideró que se estaba cometiendo
un delito en la cámara.
“Quienes ejecuten actos encaminados a remplazar al gobierno, alterar la
Constitución de cualquiera de los poderes del estado o atacar su independencia
serán inhabilitados entre seis y 12 años. Esto es un delito. Honduras es el
país más corrupto de Centroamérica y este es un ejemplo?.
Por su parte, Osman Aguilar, del Partido Liberal, calificó la votación como
un golpe de estado técnico en el que se llama a atentar contra la forma de
gobierno del país.
El fiscal general adjunto Roy Urtecho señaló el martes que “cualquier
pronunciamiento, señalamiento u objeción de los otros poderes del Estado sobre
posturas jurídicas de fondo suponen intromisión en el ejercicio de las
potestades atribuidas por la Constitución?.
Urtecho adujo que con la acción en contra de los magistrados se rompe el
principio de separación de poderes.
Honduras ya ha pasado por este tipo de disputas previamente. Zelaya fue
depuesto cuando ignoró la orden de la Corte Suprema de cancelar un referendo
planeado para revisar la Constitución, prometiendo a los pobres que serían
representados a la hora de planear el rumbo del país hacia el futuro.
El narcotráfico y la violencia se han incrementado desde que Zelaya fue
depuesto, y dos tercios de los 8,2 millones de habitantes del país viven en
pobreza. Con una tasa de homicidios de 91 por cada 100.000 habitantes, con
frecuencia se dice que Honduras es el país más violento del mundo.
El golpe de Estado de 2009 fue un dolor de cabeza para Estados Unidos, que
dejó de enviar ayuda a Honduras en sanción, pero después fue criticado por
reconocer al gobierno de Lobo, quien ganó unas elecciones programadas
posteriormente ese año. Lobo asumió el poder en enero de 2010 y está limitado a
un solo período de gobierno, que termina el año entrante.IN