Estados Unidos.- Este martes 7 de enero, apenas un par de días antes del evento de toma presidencial en Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido un informe en el que concluye que la reelección de Nicolás Maduro para su tercer mandato “no goza de legitimidad democrática”.
El documento de la CIDH señala que el régimen “implementó una estrategia represiva coordinada para perpetuarse ilegítimamente en el poder”, denunciando graves violaciones a los derechos humanos durante y después del proceso electoral:
La represión del Estado incluyó prácticas de terrorismo de Estado dirigidas especialmente a infundir terror en la ciudadanía y silenciar voces disidentes (…) ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de corta duración, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles inhumanos y degradantes.
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El organismo, ligado a la Organización de los Estados Americanos (OEA), señala que la estrategia represiva se ha desarrollado en tres etapas:
La primera etapa de la represión tuvo lugar durante el periodo preelectoral, antes del 28 de julio, cuando el régimen de Maduro obstaculizó la participación política de la oposición a través del control de instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia o el Ministerio Público.
La segunda etapa ocurrió el día de las elecciones, cuando el CNE suspendió la transmisión de los resultados y se negó a publicar las actas de votación que deben certificar el triunfo de un candidato en las presidenciales.
La tercera fase comenzó tras la jornada electoral, cuando el régimen reprimió las protestas que surgieron para rechazar el fraude electoral.
El régimen venezolano ejecutó una estrategia planificada dirigida a impedir la participación política de la oposición, obstaculizar el desarrollo de una contienda libre, justa y competitiva, y reprimir las protestas sociales provocadas por la opacidad electoral y las denuncias de fraude.
Por otro lado, el informe recuerda que la oposición logró recopilar más del 80% de las actas digitalizadas a nivel nacional. Y según estas actas, el candidato opositor Edmundo González Urrutia habría obtenido el 67 % de los votos, siendo así el verdadero mandatario electo.
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En este sentido, Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha concluido lo siguiente:
(…) las circunstancias que rodearon la elección presidencial del 28 de julio configuran una alteración del orden constitucional. La opacidad electoral, y en general, las restricciones a los derechos políticos registradas en este documento impiden a esta Comisión considerar que la reelección de Nicolás Maduro goza de legitimidad democrática.