México.- Alex Saab, empresario de origen colombiano identificado como uno de los hombres más cercanos a Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, llegó este domingo 17 de mayo de 2026 a Miami, Estados Unidos, tras ser deportado por el gobierno interino de Delcy Rodríguez.
La deportación del llamado testaferro de Nicolás Maduro fue confirmada este mismo domingo por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) de Venezuela, el cual precisó en un comunicado:
El Gobierno de la República Bolviariana de Venezuela informa la deportación del ciudadano de nacionalidad colombiana Alex Naim Saab Morán, llevada a cabo este 16 de mayo de 2026 en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana.
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Según el documento, la deportación se dio en consideración que el referido ciudadano colombiano se encontraría implicado en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América.
Operativo de deportación de Alex Saab
Saab fue trasladado de El Helicoide bajo custodia hasta el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Allí, una aeronave Gulfstream, con matrícula estadounidense N550GA, aterrizó momentos antes con destino programado al aeropuerto ejecutivo de Opa Locka, Miami.
El operativo contó con la participación de agentes del Buró Federal de Investigación (FBI) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), así como también con agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA).
Primeras imágenes de Alex Saab tras deportación a EU
En la mañana de este domingo han empezado a circular las primeras imágenes tras la llegada de Saab a Estados Unidos. Estas muestran al empresario descendiendo de un avión bajo custodia federal y vestido con una sudadera gris, prenda similar a la que usó Nicolás Maduro el día de su captura en enero pasado.
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¿De qué se acusa a Alex Saab?
Según informes, autoridades federales acusan a Alex Saab de encabezar esquemas de lavado de dinero y corrupción con recursos del Estado venezolano. La investigación estadounidense se centra en movimientos de cientos de millones de dólares mediante contratos de alimentación pública, especialmente con el programa CLAP.
Los cargos en su contra incluyen conspiración criminal, lavado de dinero y pago de sobornos a funcionarios venezolanos, así como también falsificación de documentos y uso de intermediarios para facilitar transferencias internacionales de fondos públicos.
