Estados Unidos. Un jurado federal en Miami emitió un veredicto que sacude el escenario político estadounidense: el excongresista republicano David Rivera fue declarado culpable por su participación en una operación encubierta destinada a influir en la política de Washington hacia Venezuela. La decisión judicial, resultado de varias semanas de juicio, concluyó que actuó en favor del gobierno de Nicolás Maduro sin cumplir con las obligaciones legales de transparencia.
El fallo también alcanzó a la consultora política Esther Nuhfer, quien fue encontrada culpable de los mismos cargos, entre ellos conspiración para lavado de dinero y actuación como agente extranjero no registrado. Ambos enfrentan posibles penas de varios años de prisión, en un caso que pone bajo escrutinio los mecanismos de influencia extranjera en Estados Unidos.
Durante el proceso, la fiscalía sostuvo que Rivera habría sido contratado a través de una estructura vinculada a la industria petrolera venezolana con el objetivo de presionar a funcionarios estadounidenses y promover un alivio a las sanciones impuestas a Caracas. Este señalamiento contrastó con la postura pública del exlegislador, quien durante años se mostró crítico de los gobiernos de Cuba y Venezuela.
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El juicio incluyó testimonios de alto nivel, entre ellos el del actual secretario de Estado Marco Rubio, quien relató encuentros con Rivera en 2017 relacionados con posibles estrategias sobre el futuro político venezolano. La fiscalía argumentó que estos contactos formaban parte de una red de cabildeo no transparente destinada a influir en decisiones de la administración de Donald Trump.
Por su parte, la defensa rechazó las acusaciones y sostuvo que las gestiones de Rivera buscaban propiciar un cambio político en Venezuela, no respaldar al gobierno de Maduro. Además, argumentó que su actividad no requería registro formal como agente extranjero debido al carácter de su contrato.
¿Cómo operaba la presunta estrategia de influencia encabezada por Rivera?
De acuerdo con los fiscales, el excongresista utilizó su red de contactos en Washington para intentar modificar la postura de la Casa Blanca hacia Venezuela, promoviendo una reducción de sanciones mediante gestiones que no fueron registradas oficialmente. La operación, según la acusación, incluyó el uso de intermediarios, contratos millonarios y mecanismos para ocultar el origen de los recursos.
Un caso que reaviva el debate sobre la influencia extranjera
El veredicto expone los riesgos asociados a las campañas de cabildeo encubiertas en la política estadounidense. En un contexto donde la relación con Venezuela sigue siendo un tema sensible, el caso refuerza la vigilancia sobre actores que buscan incidir en decisiones de política exterior sin cumplir con las normas de transparencia, al tiempo que reabre la discusión sobre los límites legales y éticos de la influencia internacional en Washington.
