México.- Un Juez giró orden de aprehensión contra la conductora y modelo Inés Gómez Mont, y su marido, el empresario Víctor Álvarez Puga, acusados de diversos delitos por empresa “facturera” en caso de corrupción de la Segob.
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Tanto a Gómez Mont como a Álvarez Puga los acusan los fiscales de tres delitos:
- Peculado (desvío de recursos).
- Delincuencia organizada.
- Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
¿Por qué los acusan de esos delitos?
Según los informes que se filtraron por autoridades judiciales y de los fiscales a medios, Inés Gómez Mont evadió pagar más de 10 millones de pesos a Hacienda, mientras que Álvarez Puga es de los mayores “factureros” (empresas que falsifican facturas) de México, según la acusación.
El caso tiene relación con la investigación que hizo la Secretaría de la Función Pública (SFP) a los contratos que hizo Segob cuando la encabezaba Miguel Osorio Chong, en el sexenio de Peña Nieto.
Señala la investigación que Segob asignó sin licitación 2 mil 950 millones de pesos en contratos en esquema de triangulación con “factureras”.
Ahí es donde entra la pareja, pues el despacho contable de Álvarez Puga sería una de las empresas factureras.
Tanto la modelo como el empresario serían los beneficiarios finales de parte del desvío millonario de Segob, donde hicieron 1 mil 446 operaciones bancarias para triangular y lavar dinero.
Además habría participado el hermano del empresario, Alejandro Álvarez Puga.
Los contratos con factureras tendrían relación con el caso de corrupción de los Ceferesos, por contratos con diversas empresas para simular servicios en las cárceles del nivel federal pero que fueron simulación.
Al tratarse de delitos graves, en caso de capturarlos, el juez les dictaría prisión preventiva oficiosa.
Los dos están fuera del país. Trascendió que Inés Gómez Mont estaba en Estados Unidos.
El hecho tiene antecedentes. En 2010 la entonces PGR y el SAT catearon el despacho de Álvarez Puga y Asociados por asesorar a clientes para que registraron a trabajadores como socios o cooperativistas para no pagarles reparto de utilidades, no pagar al seguro social y evadir impuestos.
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