Mazatlán, Sinaloa.- Son cientos de millones de pesos los que no podrán ingresar al país producto del embargo que el gobierno de Estados Unidos ha establecido para el camarón de exportación, de extracción silvestre, con lo que la economía del sector se pone severamente en riesgo, declaró Miguel Rousse Acosta.
El gerente de la comercializadora Mexican Shrimp Paradise, precisó que si bien apenas se mandó la propuesta al Congreso, se estima que este sábado sea aprobado y entre en vigencia aproximadamente treinta días después, sin embargo, desde ya avizoran un panorama difícil, porque de subsanarse los requerimientos, hasta el mes de noviembre se podría estar retomando la comercialización del camarón en el país norteamericano.
“Por un lado como industria haciendo una gran labor de posicionar nuevamente el camarón después de la pandemia, porque en Estados Unidos ya hay un alto porcentaje de la población vacunada, la actividad económica está resurgiendo muy fuertemente, lo cual ha generado una demanda alta y ahora tener que decirles a los clientes ‘no te voy a poder surtir porque estoy embargado’ pues imagínate eso te quita mucha credibilidad y una mala imagen para el camarón mexicano”.
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Rousse Acosta mencionó que con todo esto, la producción mexicana de crustáceo, de la cual, el setena por ciento se envía a Estados Unidos y que genera una derrama superior a los 200 millones de dólares, se caería completamente, sobre todo en un escenario de recuperación del mercado tras la pandemia, además, esto generaría que camarón de menor precio como el que exportan otros países de Latinoamérica y Asia, ganaran terreno y por el que tendrían que luchar una vez que recuperen el estatus positivo.
El comercializador comentó que, sin duda, esto es reflejo de la desatención del gobierno de México en temas de suma importancia como la inspección y vigilancia de los mares, así como de las artes de pesca que se utilizan, entre ellos el correcto uso de los Dispositivos Excluidores de Tortuga, por lo cual se tendrán que hacer compromisos reales y atender con presupuestos y programas las necesidades del sector, que desde el inicio de la presente administración se dejó de lado.
“Una vez que el barco sale del muelle, ya no hay control sobre el barco, entonces ahí es donde entra la autoridad, porque un barco pescando en altamar está bajo la jurisdicción de las leyes mexicanas y las leyes aplicables exigen que debe de haber ese tipo de auditorías e inspecciones en el mar y no se están haciendo”.
Agregó que el gobierno a través de la cancillería debe mandar oficios solicitando la revisión para una nueva certificación, con tiempos aún desconocidos, pero se espera que los inspectores lleguen iniciando la temporada de capturas en el mes de septiembre, entonces una vez hechas las revisiones se pondrá a consideración, por ello, es que se requiere que la federación se comprometa en la aplicación de la ley y de recursos para los programas de inspección.
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