Ciudad del Vaticano.- El mayordomo del papa Benedicto XVI, el italiano Paolo
Gabriele, y otro empleado del Vaticano, serán procesados por el robo y difusión
de los documentos secretos de la Santa Sede, según la sentencia del juez
instructor del Tribunal de Estado Vaticano, Piero Antonio Bonnet.
El Vaticano entregó este lunes a los medios de comunicación
dos documentos sobre el caso Gabriele: La petición de enjuiciamiento por parte
del promotor de Justicia del Vaticano (fiscal), Nicola Picardi, que ha sido
“redactada ampliamente”, y la sentencia de Bonnet.
Ambos documentos suman 30 páginas.
Junto al ciudadano vaticano Gabriele, de 46 años, al que se
le imputa “robo con agravante”, el juez acusa también al ciudadano
italiano, empleado en la Secretaría, Claudio Sciarpelleti, de 48 años, “de
haber favorecido el robo con agravante y de violación de secreto”.
El proceso penal de tres jueces, de los cuales uno es
adjunto, se celebrará después del 20 de septiembre, en el que vuelven a abrirse
los tribunales vaticanos y la pena que puede recaer, sobre todo a Gabriele,
puede ser de 1 a 6 años, aseguró el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi.
Sciarpelleti es un técnico informático de la Secretaría de
Estado, amigo de Gabriele, que fue investigado un día después de la detención
del mayordomo del papa, es decir, el día 24 de mayo, dijo el portavoz del
Vaticano.
El técnico estuvo detenido sólo una noche y a la mañana
siguiente le pusieron en libertad, porque los magistrados consideraron que no
era necesario mantenerlo encarcelado, al contrario de Gabriele, que está en
arresto domiciliario desde el 21 de julio y así permanecerá hasta el juicio,
dijo Lombardi.
Sobre Gabriele, Lombardi explicó que fue sometido a dos
pericias psiquiátricas, una por parte del tribunal vaticano y otra pedida por
su abogado defensor, y ambas demostraron que era perfectamente consciente de lo
que había hecho y que en todo momento se definió como reo confeso.
Eso sí -explicó el portavoz- tenía un caos en su mente que
luego se reflejó en el desorden de los documentos reservados encontrados en su
casa situada en el Vaticano.
Gabriele admitió haber cometido el delito con el fin de
“mejorar la situación eclesial que se vive en el interior del Vaticano y
nunca para dañar al Iglesia y a su Pastor”, según la sentencia.
Desde su posición -asegura la sentencia- Gabriele relata que
podía “observar la doble función papal, como vértice de la Iglesia y Jefe
del Estado”.
Sin embargo, sobre Sciarpelleti, Lombardi sostuvo que
“el único motivo por el que ha sido imputado es porque tenía una relación
de amistad con Gabriele y no ha sido considerado como un cómplice”.
“El (Sciarpelleti) es enviado a juicio porque sus
testimonios han sido contradictorios y no se expresó con coherencia”,
mantuvo el jesuita.
El técnico vaticano se “encuentra en libertad, en
suspensión cautelar, aunque recibe su salario”, dijo Lombardi.
El escándalo de las filtraciones de documentos reservados de
la Santa Sede se desató a principios de año, cuando una televisión italiana
sacó a la luz unas cartas enviadas a Benedicto XVI por el nuncio en EU, Carlo
María Viganó, en las que denunciaba la “corrupción, prevaricación y mala
gestión” en la administración vaticana.
A mediados de abril, el Papa creó una Comisión Cardenalicia, presidida
por el español Julián Herranz, para esclarecer el robo y filtración de cientos
de documentos privados, y el 19 de mayo pasado se publicó el libro “Sua
Santitá”, de Gian Luigi Nuzzi, con un centenar de nuevos documentos
filtrados desde el Vaticano que desvelan tramas e intrigas en el pequeño
Estado.
