Guasave, Sin.- Viven bajo protección por amenazas tres periodistas de Guasave, uno de ellos tiene años refugiado fuera del estado y sin apoyos, reveló Rosina Ávila Palma, consejera del Instituto de Protección para Personas Defensoras de los derechos Humanos y Periodistas en Sinaloa, quien señaló que esta persona que ahora está alejado de su familia, en el mes de abril, le intentaron quitar el refugio.
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En la entidad son dos periodistas los refugiados, quienes tenían un apoyo de 20 mil pesos mensuales, pero ahora el Instituto de Protección que dirige Jhenny Bernal Arellano les quitó esa remuneración, además que no se ha garantizado su regreso seguro, denunció.
El segundo caso en Guasave es a un joven independiente que le quitaron su equipo de trabajo en la cobertura de los hechos del segundo “Jueves negro”; y el tercero por amenazas, quien también tuvo que irse del municipio y que hasta el momento ambos tienen acompañamiento y vigilancia de policías.
“Estuvo aquí en Guasave, y se tuvo que ir porque su vida estaba en riesgo y está sin apoyos, a él en abril le trataron de quitar el refugio en el que estaba, su salud mental está mal porque lo iban a matar, y el retorno seguro no se ha dado, y no se podrá dar mientras sus casos, no están cerrados, entonces necesitamos que el instituto sea solidario con los periodistas”, declaró.
Rosina Ávila consideró que la libertad plena del ejercicio del periodismo no existe en Sinaloa y en todo el país, ya que, en los últimos años, lo que se ve, es que no sólo se oprime por el crimen organizado, también los gobernantes la limitan y su modalidad es denostando, difamando y desprestigiando el trabajo del reportero a través de redes sociales, tan sólo por no pensar igual que ellos, ante esto, expuso que se prevé que para el 2024 será un año crítico para el periodista.
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Lo que destaca la periodista y consejera del Instituto de protección a defensores de los derechos humanos y Periodistas en el estado es que, en la actualidad, la censura existe, así como la autocensura, ya que apuntó que muchos agraviados en el ejercicio de su profesión, prefieren callar por el miedo a perder el trabajo, o simplemente porque en algunas las empresas en las que laboran no dan el respaldo que se merecen.
Otra dificultad, son los mecanismos de la Fiscalía General del Estado, que piden pruebas contundentes para proceder ante una amenaza, pero muchas veces, sobre todo para quienes cubren la nota roja, se enfrentan muy seguido con intimidaciones, mismas que la mayoría de las ocasiones no se pueden documentar.
