Culiacán, Sin.– Por su presunta responsabilidad en el delito de abuso de autoridad, juez de control dictó auto de vinculación a proceso a Robespierre Lizárraga Otero, secretario general de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
En audiencia inicial, la cual se llevó a cabo después de diferirse en cinco ocasiones, misma que duró 9 horas, el juez de control Adán Alberto Salazar Gastelum, consideró que se reúnen los requisitos que pueden suponer la participación del ex abogado general de la Casa Rosalina en este delito.
De acuerdo a los datos de prueba que presentó la Fiscalía General del Estado, el día 18 de enero de este año la Auditoría Superior del Estado (ASE), envió un oficio a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) donde le notificó que fiscalizarían los recursos propios de las institución.
El día 26 de enero, las autoridades de la Casa Rosalina le contestaron a la ASE que daba por concluido el intento de auditar los recursos, ya que carecía de competencia.
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Tres días después, Manuel de Jesús Lara Salazar, contralor general de la universidad le envió un segundo oficio a la ASE dando este mismo argumento.
El 27 de marzo, la ASE de nueva cuenta le remitió un documento al rector Jesús Madueña Molina, donde le informó que realizaría dicho proceso el día 30 de marzo.
Acusaron que el 30 de marzo, personal de la ASE llegó a las instalaciones de Rectoría, ubicada en Campus Buelna de Culiacán, y Lizárraga Otero se negó a proporcionar información, documentación y espacio para llegar a cabo la fiscalización de los recursos.
También dieron a conocer que durante el 2022, la UAS recibió por parte de Gobierno del Estado 2 mil 245 millones 213 mil 227 pesos con 20 centavos, recursos que son estatales.
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En respuesta, los abogados argumentaron que no se le puede acusar de abuso de autoridad, ya que no es un funcionario público, ya que no desempleos ningún cargo en la administración pública.
Además, defendieron que la UAS no se puede fiscalizar porque la ASE no se rige por la Ley Orgánica de Gobierno del Estado.
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Luego de escuchar a ambas partes, el juez de control determinó que se reúnen los requisitos para que se le continúe investigando por su presunta participación en el delito de abuso de autoridad.
A petición del personal de la Fiscalía General del Estado, el juez dio dos meses de investigación complementaria, la cual vence el 21 de noviembre.
Como medidas cautelares, los agentes del Ministerio Público solicitaron que Robespierre Lizárraga Otero no pueda salir del país sin autorización judicial.
Por este mismo caso fue vinculado a proceso el rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, el pasado 22 de agosto.
