Culiacán, Sinaloa.- En su participación durante la reunión que sostuvo el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, con legisladores sinaloenses para hablar sobre la militarización; la diputada local por Movimiento Ciudadano indicó que la modificación constitucional para extender la presencia del Ejército mexicano en tareas de seguridad pública hasta el 2028, extiende también la permanencia del Estado de excepción de aquella década de los 70 y evidencia además el rotundo fracaso para formar cuerpos policiales que sean capaces de contener al crimen organizado que dispone de recursos financieros por 50 mil millones de dólares al año, más de que lo ingresa al país por petróleo y turismo juntos.
Celia Jáuregui Ibarra criticó que lo anterior tiene qué ver con el incumplimiento de acuerdos de la reforma constitucional de 2019 que debilitaron sistemáticamente a las policías estatales y municipales que dejaron de recibir apoyos federales por unos 5 mil millones de pesos.
Puntualizó que la presencia del Ejército en las calles puede contener parcialmente la embestida criminal, pero no garantiza la seguridad de los ciudadanos, sino que los exponen a mayores posibilidades de violencia.
“Si hay un estado de la República que conoce los efectos de la militarización es Sinaloa. La incorporación de fuerzas militares en la Operación Cóndor terminó por legitimar un estado de excepción permanente para tratar de mantener el orden interno, pero desestimó el peligro latente de vulnerar derechos humanos fundamentales por el uso excesivo de fuerza y el incremento de la violencia colateral”, dijo.
Jáuregui Ibarra consideró que la presencia de las Fuerzas Armadas es un mal necesario porque se han abandonado sistemáticamente a las policías y han negado a atender de raíz el problema de la seguridad pública en México que diariamente se alimenta de la impunidad que hoy alcanza el 99 por ciento.
Agregó que mientras el Estado mexicano siga desatendiendo la procuración y administración de justicia, no habrá decretos o acuerdos que nos permitan vivir en paz.
citó como ejemplo que si preguntan a los sinaloenses si están de acuerdo en que el ejército patrulle sus calles, 8 de cada 10 responderán que sí y 5 de cada 10 dirán que desconfían de las policías locales.
Mencionó que este incumplimiento incide directamente en los resultados de los últimos 3 años que son francamente desalentadores, donde destacó a más de 124 mil 414 personas asesinadas, casi 3 mil 500 feminicidios y más de 35 mil personas desaparecidas.
Señaló que el dictamen de reforma del 3 de octubre pasado, omite acciones sustanciales para transitar hacia el civilismo, que es exigencia ciudadana como que no hay un mecanismo para fortalecer a la Guardia Nacional que permita el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas; no hay calendarización para el retiro del ejército; no obliga a los gobiernos estatales a presentar programas de formación policial profesional y tampoco plantea modificar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, privilegiando la inteligencia policial para reducir la capacidad de maniobra de los grupos criminales.
