Los Mochis, Sin.- Las investigaciones que integra la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa en contra del exalcalde de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros, por presuntos delitos relacionados con el ejercicio de la función pública, registran resoluciones judiciales que, según afirmó el propio exfuncionario, fortalecen su situación jurídica y mantienen vigentes sus derechos político-electorales.
Vargas Landeros informó que existe una resolución del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, que le concedió el amparo contra el auto de vinculación a proceso dictado en su contra dentro de una de las causas penales abiertas por la FGE.
Tribunal Colegiado le concede amparo contra vinculación a proceso
El exalcalde explicó que una de las carpetas de investigación corresponde al delito de abuso de autoridad, derivado de la presunta negativa de proporcionar información a la Fiscalía relacionada con el arrendamiento de patrullas durante su administración.
“Tengo tres carpetas que me abrieron de manera injusta, de manera ilegal, de manera amoral. La primera fue por abuso de autoridad. Según ellos, yo no había contestado la información que me estaba solicitando la Fiscalía”.
“El Colegiado de Mazatlán, los tres magistrados, por decisión unánime, les dicen que eso no es así, que las pruebas que presentaron son totalmente nulas y que ese asunto se archive, se concluya y me levanten las medidas cautelares”, afirmó.
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Este documento fue compartido a Línea Directa, y de acuerdo con la resolución correspondiente al amparo en revisión 129/2026, relacionada con la causa penal 830/2025, el Tribunal resolvió:
“Primero. Se revoca la sentencia recurrida. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a Gerardo Octavio Vargas Landeros, en contra del auto de vinculación a proceso dictado en su contra por el Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro del Estado de Sinaloa”, se lee en la resolución.
Dos investigaciones más continúan relacionadas con recursos federales
El exfuncionario señaló que las otras dos carpetas de investigación corresponden al contrato de arrendamiento de 126 patrullas por un monto superior a 171 millones de pesos, así como a la contratación de una empresa para gestionar la recuperación de recursos del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Respecto al caso del arrendamiento de las patrullas, la Fiscalía investiga presuntas irregularidades en la adjudicación directa del contrato celebrado en 2021.
“Las patrullas estaban en condiciones pésimas. Fui y hablé con el entonces gobernador y me dijo que no había recursos. Me recomendó buscar alternativas para adquirir patrullas y recuperar esos recursos federales que estaban por prescribir”, expresó.
En el segundo expediente se analiza la contratación de la empresa Consultoría Humana Acsora S.A. de C.V., encargada de gestionar la recuperación de aproximadamente 96.8 millones de pesos correspondientes a devoluciones de Impuesto Sobre la Renta.
Gerardo Vargas Landeros sostuvo que ambos casos involucran recursos de origen federal y afirmó que un criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) establece que la fiscalización de recursos federales transferidos a los municipios corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Con base en esa interpretación, aseguró que las autoridades estatales carecen de competencia para revisar esos recursos.
“Hoy la Auditoría Superior de la Federación y la Suprema Corte dicen que los gobiernos estatales, las auditorías estatales y las fiscalías estatales no tienen competencia para revisar, fiscalizar y mucho menos sancionar recursos federales que fueron transferidos a los municipios”, sostuvo.
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Afirma que mantiene vigentes sus derechos políticos
Gerardo Vargas aseguró que, derivado de estas resoluciones, conserva plenamente sus derechos constitucionales y políticos para participar en los procesos internos de Morena.
“En mi situación legal, al interior del partido perfectamente tengo mis derechos políticos vigentes y, más importante todavía, mis derechos constitucionales para participar en un proceso siguen vigentes”, manifestó.
Asimismo, indicó que hará públicas las resoluciones judiciales ante Línea Directa para respaldar sus declaraciones.
Imagen: Cortesía
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