Mocorito, Sinaloa. En medio de cuestionamientos y presión política al interior del cabildo, el alcalde de Mocorito, Enrique Parra Melecio, tomó protesta a Renato Quiñónez Lau como nuevo director de Obras Públicas, en sustitución de Beatriz Carolina Velázquez Castelo.
El relevo se dio luego de que la mayoría de los regidores exigieron la salida de la anterior titular, tras el inicio de una obra en la plazuela municipal sin contar con el permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), además de señalar errores administrativos que derivaron en la pérdida de más de 2 millones de pesos de recursos federales.
El presidente municipal fue enfático al fijar postura sobre la nueva etapa en la dependencia.
“La instrucción es clara: trabajar con responsabilidad, eficiencia y absoluto apego a la normatividad vigente”.
La polémica por la intervención en la plazuela, espacio considerado de valor histórico, detonó un debate sobre el cumplimiento de los lineamientos federales en materia de conservación del patrimonio.
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Regidores señalaron que la falta de autorización del INAH expuso al municipio a sanciones y a la cancelación de recursos etiquetados.
Además, trascendió que fallas técnicas y administrativas en la integración de expedientes provocaron la pérdida de más de 2 millones de pesos de fondos federales del año pasado lo que encendió las alarmas sobre la gestión de proyectos estratégicos.
En su mensaje, Renato Quiñónez Lau agradeció la confianza y se comprometió a encabezar una etapa de orden técnico y jurídico en la dependencia, priorizando obras de calidad y con sustento normativo.
¿Qué implicaciones legales y financieras puede enfrentar un municipio al iniciar obras en zonas históricas sin autorización del INAH?
Cuando un municipio ejecuta trabajos en inmuebles o espacios catalogados como históricos sin autorización previa del INAH, puede enfrentar sanciones administrativas, suspensión inmediata de la obra y la obligación de restaurar el sitio a su estado original bajo lineamientos técnicos especializados.
En el ámbito financiero, la falta de permisos puede provocar la cancelación de convenios federales, la devolución de recursos ya ministrados, e incluso la inhabilitación temporal para participar en determinados programas de infraestructura cultural o urbana.
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