Guasave, Sinaloa. A casi tres años de los hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) responsabilizó a elementos de la Secretaría de Marina (Marina) por la desaparición forzada y privación de la vida de Jorge y Alejandro, ocurrida en Guasave, Sinaloa, tras acreditar detenciones arbitrarias y agresiones en instalaciones navales.
La recomendación 206VG/2026 deriva de una investigación iniciada el 12 de junio de 2023, luego de que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa diera vista del caso. Los hechos se remontan al 23 de mayo de ese mismo año, cuando ambos jóvenes fueron localizados sin vida entre las comunidades de El Amole y Palos Verdes, tras haber sido privados de la libertad.
De acuerdo con lo documentado por el organismo nacional, existen elementos que apuntan a que las víctimas fueron detenidas sin sustento legal, retenidas en instalaciones navales y sometidas a agresiones. Testimonios recabados durante la investigación, junto con informes policiales y peritajes forenses, apuntan a que las víctimas habrían sido llevadas a otro sitio tras su detención, lugar donde un día después se reportó el hallazgo de sus cuerpos.
De acuerdo con la propia recomendación, existen elementos que permiten sostener que ambos hombres fueron privados de la libertad sin justificación legal, retenidos y agredidos por personal naval antes de ser abandonados en un punto distinto, donde finalmente fueron encontrados sin vida.
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A partir de estos indicios, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estableció que el caso encuadra, de manera preliminar, en una desaparición forzada, una de las violaciones más graves en materia de derechos humanos.
El organismo también advirtió que lo ocurrido no solo impactó a las víctimas directas. Sus familiares enfrentaron afectaciones emocionales derivadas de la incertidumbre y el proceso vivido, por lo que fueron reconocidos como víctimas indirectas al acreditarse daños a su integridad personal.
En su resolución, la CNDH plantea que la Secretaría de Marina debe garantizar la reparación integral del daño conforme a lo previsto en la Ley General de Víctimas, lo que contempla, entre otras medidas, atención psicológica y acompañamiento tanatológico para los familiares.
Además, se solicita a la dependencia que mantenga colaboración con las investigaciones abiertas tanto en la Fiscalía estatal como en la Fiscalía General de la República y el Órgano Interno de Control, a fin de avanzar en el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades.
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La CNDH también plantea la implementación de programas de capacitación continua en materia de derechos humanos, enfocados en prevenir la desaparición forzada y la tortura, así como la emisión de lineamientos internos para reforzar la obligación del personal naval de respetar y garantizar estos derechos, particularmente en la Estación Naval de Boca del Río, en Guasave.
La resolución llega después de casi tres años de exigencias por parte de familiares y allegados, quienes realizaron manifestaciones en instalaciones de la Fiscalía, en la base naval y en casetas de peaje para demandar justicia.
¿Qué implica una recomendación de la CNDH?
Las recomendaciones de la CNDH no son obligatorias en automático, pero sí representan un pronunciamiento formal tras una investigación. Las autoridades señaladas deben informar si las aceptan y, en caso afirmativo, cumplir con acciones como la reparación del daño, colaboración en investigaciones y medidas para evitar que los hechos se repitan. Su incumplimiento puede generar presión pública y derivar en responsabilidades administrativas o penales.
