Culiacán, Sinaloa. Tras el anuncio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el que acusa a nueve personas, entre ellas servidores públicos tales como el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y también el vicefiscal General de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) ofreció una postura.
Fue durante la mañana de este miércoles 29 de abril de 2026 que, el Departamento de Justicia del vecino país del norte dio a conocer las acusaciones por el delito de narcotráfico y conspiración para el trasiego de armas, en el que también se señala de manera directa al funcionario del organismo autónomo.
En el comunicado oficial, la FGE Sinaloa expresó que, ante la acusación en contra de diversos servidores públicos, entre ellos el Vicefiscal General, cualquier solicitud relacionada con dichos señalamientos debe sujetarse a lo establecido en la Constitución, la Ley de Extradición Internacional y los tratados vigentes, lo que es competencia de la Fiscalía General de la República, y que se determina con datos de prueba, y bajo la legalidad de su procedencia.
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Añadió en su postura que, en México existe el principio de presunción de inocencia, por lo que ninguna persona puede ser considerada responsable sin que enfrente un juicio donde se emita una resolución del juzgador, basado en pruebas que dicten la culpabilidad de forma legal.
La Fiscalía General del Estado insistió que toda actuación en materia de procuración de justicia debe conducirse con estricto apego al debido proceso, la legalidad y el respeto a la soberanía nacional.
Hasta el momento el funcionario señalado por el gobierno de los Estados Unidos no ha emitido una respuesta de manera personal, tal y como ha ocurrido con el mandatario estatal y el senador, quienes utilizaron sus redes sociales para defenderse de los señalamientos en su contra.
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¿Puede ser destituido el vicefiscal General de Sinaloa por ser señalado bajo los delitos de narcotráfico y armas?
En caso de que se tenga un mandamiento judicial para su detención, podría ser destituido por la titular de la FGE de Sinaloa, ya que ningún funcionario público puede ostentar un cargo si existe un proceso legal en su contra, según lo marca la ley.
