Culiacán, Sinaloa. Autoridades de Estados Unidos difundieron, a través de un comunicado publicado en la página oficial del Departamento de Justicia (DOJ), la desclasificación de una acusación formal en la que se imputan delitos de tráfico de drogas y posesión de armas a actuales y exfuncionarios del estado de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya.
La información aparece en el portal del Distrito Sur de Nueva York, donde se detalla que la acusación fue presentada por el fiscal Jay Clayton y el administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance C. Cole.
De acuerdo con el documento oficial, la imputación también alcanza al senador Enrique Inzunza Cázarez; Enrique Díaz Vega; el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra; Marco Antonio Almanza Avilés; Alberto Jorge Contreras Núñez, identificado como “Cholo”; Gerardo Mérida Sánchez; el excomandante José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”; Juan de Dios Gámez Mendívil, y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”.
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Según la acusación, los señalados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa en la distribución de narcóticos hacia territorio estadounidense, además de incurrir en delitos relacionados con armas de fuego.
En el caso de Juan Valenzuela Millán, se agregan cargos por su presunta participación en secuestros de una fuente de la DEA y de un familiar de esta, hechos que derivaron en la muerte de ambas personas.
El expediente fue turnado a la jueza federal Katherine Polk Failla, en una corte del Distrito Sur de Nueva York.
Hasta el momento, no se han emitido declaraciones públicas adicionales por parte de funcionarios estadounidenses más allá de la publicación del comunicado en el sitio oficial. Tampoco autoridades del Gobierno de Sinaloa ni los señalados han fijado postura, por lo que se mantiene la expectativa sobre posibles reacciones.
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¿Qué implica la acusación?
Se trata de una imputación formal presentada ante una corte federal de Estados Unidos, lo que abre un proceso judicial en ese país.
¿Ha habido posicionamientos oficiales?
No. La información se limita al comunicado publicado en el portal del Departamento de Justicia; no hay declaraciones públicas adicionales hasta ahora.
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