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Transportistas piden a Rubén Rocha apoyo para pagar créditos de sus camiones

Miguel Luna Ley admitió que están en riesgo que les decomisen alrededor 400 autobuses, porque la mayoría de los agremiados están atrasados en sus abonos que les corresponden cumplir cada mes

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Culiacán, Sinaloa.- Concesionarios del transporte urbano de Sinaloa están en riesgo de regresar 400 camiones a las financieras y agencias que se los fiaron desde el año 2019, ya que la mayoría de los agremiados no han podido abonar debido a la caída del pasaje provocado por la pandemia del COVID-19, que sacó de la circulación a más del 50 por ciento de las unidades, señaló Miguel Luna Ley.  

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El secretario general de la Federación del Transporte Urbano y Suburbano de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM), manifestó que buscarán un acercamiento con el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, para que sea el intermediario entre las agencias y las financieras que participaron en el programa de renovación de unidades y transporte público urbano (camiones Puro Sinaloa), gestionado por el gobernador Quirino Ordaz Coppel, con lo cual se tiene la intención de modernizar el servicio al usuario.  

Luna Ley admitió que están en riesgo que les decomisen alrededor 400 autobuses, porque la mayoría de los agremiados están atrasados en sus abonos que les corresponden cumplir cada mes.   

“Esperamos nosotros que se retire todo esto de la pandemia para que los compañeros puedan tener la solvencia para poder pagar”.  

¿Y desde cuándo no abonan los concesionarios?  

“Es variable, cada uno, pero la mayoría están atrasados” lamentó.   

El líder transportista, lamentó que, por el fin de la administración estatal, el gobernador Quirino Ordaz Coppel les comunicó que no habrá ningún rescate financiero, por lo tanto, se tendrá que buscar el dialogo con las financieras que participan en este programa de la renovación del trasporte público.   

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Cabe destacar que en su momento la Alianza de Concesionarios y Permisionarios del Transporte Público Urbano y Suburbano de Culiacán buscó el respaldo jurídico de las autoridades estatales para negociar un aplazamiento con la financiera y no perder las unidades que llegaron a costar los casi 2 millones de pesos.  

Fuente: Internet

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Rogelio Félix

Reportero

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