Los Mochis, Sin.- Tras demostrarse por medio de un fallo que un comandante de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Ahome habría cometido presuntamente acoso sexual y hostigamiento laboral en contra de sus compañeras de trabajo, el Órgano Interno de Control (OIC) manifestó que aunque se tiene un veredicto, el caso aún no se cierra.
Fausto Ibarra Celis reveló que el agente preventivo puede promover varios recursos que la ley le asiste en un plazo no mayor de 15 a 20 días para interponer la apelación ante el órgano colegiado del municipio de Ahome, de no promoverlo la sentencia quedaría firme en un plazo no mayor a 10 días.
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Explicó que de momento no se puede emitir un juicio definitivo sobre este caso en especial, pues las autoridades estarían violando el debido proceso, pero una vez que se agote el último recurso de apelación se podrá emitir una declaración al respecto del tema, el cual involucra a un comandante de la Policía Municipal.
“Todavía no existe una sentencia definitiva ahí y yo no me puedo pronunciar al respecto para no vulnerar el debido proceso, ni el derecho humano de ninguna de las partes hasta en tanto no exista una sentencia definitiva, firme”, puntualizó.
El contralor explicó que el desahogo de pruebas ya se llevó a cabo, pero es necesario revisar el caso para verificar, si, efectivamente, las pruebas que se presentaron son contundentes, si la denuncia está sustentada y de presentar alguna inconsistencia, se procederá ante la instancia correspondiente.
La resolución fue dictada por la directora de responsabilidades administrativas del Órgano Interno de Control, siendo notificado el director de la dependencia municipal.
Fue el pasado 7 de marzo de 2022 cuando la agente Dignora Valdez López interpuso ante la Comisión de Honor y Justicia una denuncia por acoso sexual y hostigamiento laboral en contra de un comandante; posteriormente, la comisión analizó las pruebas presentabas por la elemento y otras compañeras más, emitiendo su resolución como no procedente, sin sanción a los responsables.
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Sin embargo, el caso se retomó por el área administrativa del Ayuntamiento de Ahome por tratarse de un funcionario público activo y a que su comportamiento, de confirmarse, tiene consecuencias legales.
