Culiacán, Sinaloa.- El 11 de mayo de 2023, por unanimidad, con 37 votos a favor, los diputados del Congreso del Estado de Sinaloa aprobaron una minuta de reformas constitucionales enviadas por el Senado de la República, relativas a la suspensión de derecho para ocupar cargo empleo o comisión de servicio público, a deudores alimentarios o que hayan cometido algún tipo de violencia.
Al respecto, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (Teesin), Carolina Chávez Rangel, puntualizó que estarán atentos de que deudores alimentarios y violentadores no participen en el proceso electoral 2023-2024.
Explicó que el Teesin lo que tiene que hacer es verificar la normatividad para darle vigilancia y seguimiento a este tema.
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“Aquí el tribunal lo que tiene que hacer es verificar la normatividad cómo está, los lineamientos que se vayan a emitir para darle vigilancia y seguimiento a esto, sin duda, el papel de los partidos políticos es importante porque al final son ellos quienes formulan las propuestas, hay una coadyuvancia, una comunicación interinstitucional a la hora en que los partidos políticos formulen las propuestas y que el instituto electoral va a declarar en la venta de 72 horas muy corta para declarar quien está legítimamente registrado”, dijo.
Chávez Rangel agregó que existe una interacción con otros tribunales electorales locales, con el fin de cruzar algunas experiencias con magistrados de otras entidades, saber cómo han materializado esa vigilancia.
Recordó que en el proceso electoral federal pasado ya hubo experiencias de como se verifica esta cuestión de la 3 de 3 o de cualquiera de estos temas que son en protección de las mujeres.
En cuanto a las denuncias, puntualizó que hay distintas vías para hacerlo, siempre y cuando la ciudadanía pueda comprobar que quien se está postulando como candidato sea un deudor alimentario o violentador.
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Cabe mencionar que la minuta reforma y adiciona los artículos 38 y 102 de la Constitución Política, y es para suspender los derechos o prerrogativas de los ciudadanos por estar prófugos de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal, tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, y el normal desarrollo psicosexual.
Asimismo, por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.
