Guasave, Sinaloa. A poco más de un mes de que venza el plazo, continúan las negociaciones entre autoridades mexicanas y el gobierno de Estados Unidos para evitar que se imponga un arancel del 20.91 por ciento a las exportaciones de tomate mexicano. Sin embargo, hasta ahora no se ha logrado un acuerdo, y el sector productivo de Sinaloa se mantiene en alerta ante el riesgo de un duro golpe económico.
José Socorro Castro Gálvez, productor de hortalizas en el municipio de Guasave, señaló que la preocupación entre los agricultores va en aumento, ya que la fecha límite, el 14 de julio, se acerca sin señales claras de una resolución favorable.
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“Está muy raro todo el ambiente. Pienso yo que está en el ‘estire y afloje’. Según el secretario de Agricultura, no se va a llegar a ese día, el 14 de julio, pero como yo estoy viendo en lo personal, es que de que nos van a imponer algo, no sé cuánto nos van a imponer. O sea, ellos están ya en un plan de que no, de aquí no se van sin nada”, expresó.
Castro Gálvez indicó que en el sector ya se están haciendo ejercicios para determinar si la exportación de tomate sigue siendo rentable en caso de que se imponga el arancel. Sin embargo, no hay condiciones claras para planear el próximo ciclo agrícola, y tampoco hay certeza sobre si los nuevos costos, como fletes, aduanas y cruces fronterizos, serán deducibles fiscalmente.
Además, subrayó que la reciente temporada hortícola fue complicada y con márgenes reducidos, lo que dificulta absorber nuevos costos. De aplicarse el arancel, el precio por caja se elevaría casi tres dólares, lo que inevitablemente se trasladaría al consumidor final.
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Por ahora, los productores siguen a la espera de una resolución que les permita mantener la competitividad en el principal mercado de exportación del tomate sinaloense. El riesgo, advierten, va más allá de las empresas agrícolas: está en juego la estabilidad económica de miles de familias que dependen directa o indirectamente de esta actividad.
