Los Mochis, Sinaloa. En una larga y polémica sesión, la madrugada de este viernes el Senado de la República aprobó cambios a los artículos 106 y 107 de la Carta Magna e impide impugnar reformas a la Constitución, y al respecto, las opiniones de las legisladoras sinaloenses Paloma Sánchez e Imelda Castro son diferentes.
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La senadora por el PRI, Paloma Sánchez, consideró como un error que con los votos mayoritarios de Morena desaparezcan las herramientas jurídicas de ampararse o solicitar la declaratoria de inconstitucional cuando haya decisiones por parte de los representantes populares que afecte a los mexicanos.
Expresó que la postura del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) es que México avance hacia una dictadura y los opositores a ellos deben mandar el mensaje a la población de lo que está pasando para que se revierta en las siguientes elecciones.
“Antes tenías la probabilidad o la oportunidad de que, si el legislativo estaba proponiendo o aprobando una reforma que fuera una locura para México, que dañara a los mexicanos, si algún mexicano no estaba de acuerdo presentabas esos instrumentos para defender lo autoritario que son acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales”, dijo.
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Por su parte, la representante popular en la Cámara Alta, Imelda Castro Castro, manifestó que esta modificación que prohíbe impugnar cambios a la Constitución implica impedir que el Poder Judicial tome el control del trabajo legislativo, porque diputados locales y federales, así como los senadores fueron electos por millones de personas y son el poder reformador.
“Lo único que nosotros estamos haciendo es llevar lo que ya está en una ley secundaria de la Ley de Amparo, llevarla a la Constitución, básicamente es lo único que estamos haciendo, evidentemente se hace para blindar las decisiones del poder reformador, es excluir a las reformas del control del Poder Judicial”, precisó.
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Enfatizó que al excluir las reformas constitucionales del control judicial se favorece el equilibrio de poderes, asegurando que las decisiones legislativas sean respetadas y no vulneradas por otros poderes del Estado.
Manifestó que las reformas constitucionales son el resultado de un amplio consenso democrático, y su carácter supremo, como expresión de la voluntad del pueblo, no puede ser cuestionado ni revertido por vías judiciales, reforzando así la legitimidad de las decisiones adoptadas.
