Culiacán, Sin.– Este lunes se reanudó la audiencia por el delito de abuso de autoridad que se le señala al rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Jesús Madueña Molina, y al abogado general de la institución, Robespierre Lizárraga, después de que fue diferida por segunda ocasión el viernes pasado.
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Madueña Molina enfrenta ya su cuarta visita a los juzgados, la tercera por el cargo de abuso de autoridad, acusado por la Auditoría Superior del Estado (ASE).
En su arribo a la sede de Justicia, el rector de la UAS se refirió nuevamente al tema de los recursos que les otorga el gobierno estatal y aseguró que estos son de origen federal, por lo cual la Auditoría Superior del Estado no sería la facultada para fiscalizarlos.
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Insistió en que jamás se ha dicho que no reciben recursos por parte del estado, sino que estos recursos entregados en tiempo y forma son producto de participaciones federales.
“Nosotros nunca hemos dicho que el recurso que está establecido en el convenio de apoyo financiero, en donde viene el recurso que entrega la Federación y que entrega el estado, pero de participaciones federales, ese recurso del convenio de apoyo financiero, no es auditable por la ASE, es auditado por la Auditoría Superior de la Federación”, dijo.
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El rector de la UAS insistió en que estos recursos sí les son entregados, esto luego de que la Secretaría de Administración y Finanzas mostró un documento en donde sostienen que sí se les hizo entrega de recursos públicos, y, por ende, sujetos a auditoría según el Estado.
“Es muy diferente participaciones federales a recursos estatales. Recursos estatales es lo que el estado genera por los impuestos que cobran ellos aquí… todo lo que sean participaciones federales, aunque sean entregados por el estado, no son auditables por la ASE, eso nosotros lo hemos demostrado con documentos”.
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En dicho documento la Secretaría de Administración y Finanzas advierte que los recursos transferidos a la UAS en 2022 fueron 2 mil 595 millones 213 mil 227 pesos, en los cuales se incluye un anticipo de subsidio estatal de 100 millones de pesos.
