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Culiacán, Sinaloa.- Tras declaraciones del presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro en contra de las mujeres, el Colectivo de Mujeres 50+1 pidió la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), para que haga efectiva su función de defender, proteger y observar los derechos humanos en este caso de las mujeres.
La presidenta del colectivo, Erika Sánchez Martínez subrayó que a como lo indica el artículo 4to de la Ley Orgánica de la CEDH no permita que el Presidente Municipal de Culiacán o cualquier funcionario público quede exento de procedimiento por las acciones por la sociedad conocidas.
Asimismo, pidió que se vinculen sanciones que comprendan desde una disculpa pública, hasta la necesaria capacitación del presidente, su cabildo y funcionarios públicos.
Subrayó que las reiteradas expresiones discriminatorias en contra de las mujeres del primer edil, abonan a la reproducción de violencia institucional, revictimizando a quienes es su deber proteger, y evidenciando un claro desconocimiento de los alcances de la problemática, así como de los medios para atacarla y contenerla, hecho que es irresponsable y que nos urge a la inmediata reparación del daño.
“Indignan las expresiones del presidente municipal de Culiacán, la violencia es una problemática que no ha encontrado freno y que al contrario se ha profundizado, esta vez el presidente no sólo ha quedado como espectador de las muertes y de la denuncia de violencia que están al alza”, dijo.
Sánchez Martínez indicó que a pesar de los avances reconocidos en las leyes, en la práctica, sólo el delito de feminicidio se ha incrementado en un 135.2% y los delitos de violencia familiar en un 99.1% en los últimos 7 años, según datos públicos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde dolorosamente Culiacán, apuntó, es una de las ciudades con mayor incidencia.
Abundó que prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres, así como garantizar su seguridad es responsabilidad del Estado Mexicano, lo que incluye, dijo, acciones específicas de los 3 órdenes de Gobierno, y presupone la conducción de todas y todos los representantes populares en estricto apego a ello, además de la generación de presupuestos suficientes, construcción de mecanismos eficaces y coordinación interinstitucional para combatirla.