Culiacán, Sin.- Tal y como lo anunció la jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada, este viernes se realizó el segundo segmento del desahogo de pruebas en el juicio oral contra la exdirectora Administrativa de la Secretaría de Salud, María Alejandra Gil Álvarez con la presencia de tres testigos que hablaron sobre la adjudicación directa de la dependencia por más de 14 millones de pesos.
La primera persona que pidió la Fiscalía que se presentara como testigo fue Dalia Barraza León, quien dijo haber participado como testigo en una cotización de parte de la Comercializadora Hikajuba S.A de CV para los Servicios de Salud de Sinaloa, aunque no aportó muchos datos pues su respuesta constante fue que no recordaba.
La segunda persona en sentarse en el lugar de los testigos fue Cinthya Selene Ortegón Acosta perito contable de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, quien explicó que emitió una opinión técnica sobre el contrato celebrado entre la institución y Herramientas Médicas S.A de C.V.
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Enfatizó que su conclusión fue que el contrato por 14 millones 775 mil 554 pesos con 70 centavos por los estudios de imagenología no se apegó a la Ley de Adquisiciones y Arrendamiento del Servicio Público y al anexo 9 de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2016.
Precisó que son se cumplió con la excepciones que estable la ley para realizar una adjudicación directa en lugar de una licitación pública como fue un estudio de mercado, especificar las perdidas cuantitativas para la institución de comprar el equipo en lugar de que los pacientes del Seguro Popular fuera a la empresa privada a que les practicarán los estudios.
Detalló que no se revisaron proveedores que prestarán el mismo servicio, solo se hicieron tres cotizaciones, dos a la compañía contratada y una de la Comercializadora Hikajuba.
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Consideró que hubo daño a la Hacienda Pública y que el pago que realizo la administradora en ese momento María Alejandra Gil, pudo utilizarse en otras necesidades del Sector Salud.
El ministerio público le pidió a la testigo que diera la media filiación de la acusada de los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública, ella respondió que la visto en notas periodísticas, que si la identificaba y que se encontraba a su mano izquierda en eso se escuchó la voz de la exfuncionaria “Necesitas que me ponga de pie”, al tiempo que se levantó de su silla.
Con eso cerró la participación de la perito contable y le dieron paso a Alma Araceli García Gutiérrez, jefa de auditoría financiera de la ASE, quien dijo haber participado en la auditoría del ejercicio fiscal 2016 y que la observación número 43 no fue solventada.
Dijo que dicha observación se trata del contrato con Herramienta Medicas S.A de C.V y Servicios de Salud de Sinaloa que fue signado de parte de la empresa privada por Obdulia Luque Camargo y de los entonces funcionarios de la dependencia, Ernesto Echeverría Aispuro, Jaime Otañez y María Alejandra Gil Álvarez.
Manifestó que revisaron 48 pólizas y 298 facturas, y las litas de los pacientes que recibieron el servicio de imagenología en los hospitales generales de Los Mochis, Culiacán y Mazatlán, así como el Hospital Integral de Sinaloa, pero no se encontraron elementos que sustenten que se haya hecho una adjudicación directa en lugar de la licitación.
Una vez concluido el desahogo de pruebas previstas para este viernes, la jugadora expresó que el lunes hay una jornada de paro nacional de las mujeres el 9 nadie se mueve, pero como para el Poder Judicial no se inhabilitó el día, ella trabajara y habrá audiencia el lunes 9 de marzo a las 9 de la mañana con los testigos de la defensa.
