México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que los recursos federales que se asignan a organismos estatales o municipales deben ser auditados a nivel local, es decir, por parte del Congreso de cada entidad.
En su conferencia matutina de este viernes en Palacio Nacional, el presidente dijo que el Gobierno Federal no puede fiscalizar los recursos porque los estados y municipios son autónomos y se debe respetar ese derecho, por lo que serán las autoridades locales quienes apliquen y fiscalicen ese dinero, aunque su origen sea federalizado.
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“Pienso que tiene que ser a través de convenios, acuerdos de las partes, porque los municipios son libres y los estados igual, libres y soberanos, y aun cuando reciban dinero de la federación, al momento de que esos fondos ya estén autorizados por los congresos locales, ya tienen autonomía de manejo, por eso tiene que ser mediante un acuerdo, la federación no puede condicionar la aplicación o mejor dicho no puede llevar a cabo la fiscalización, eso corresponde al Congreso del Estado, a las instituciones locales”, recalcó el mandatario.
López Obrador explicó que lo único que puede hacer el Gobierno Federal es etiquetar los recursos para garantizar que se apliquen en los sectores de mayor necesidad y no sean utilizados para lujos o cosas innecesarias a nivel local.
“Lo que sí puede la federación es que esos recursos vayan etiquetados, qué significa esto, que se usen para agua potable, para drenaje, para seguridad pública, para pavimentación de calles, que no se puedan usar para cualquier cosa, porque si no llegan los recursos y Suburban (camioneta) para el presidente municipal y Suburban para la esposa del presidente municipal y ahí se acabó todo”, consideró.
El jefe del Ejecutivo aseguró que los recursos enviados por la federación deben aplicarse en mejorar las condiciones de los ciudadanos en los estados y municipios.
“Si tienen que dedicarse a mejoras, eso sí está establecido, pero ya la fiscalización corresponde a las instancias estatales, locales”, apuntó.
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En la entidad ha habido una polémica en este sentido porque la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) se ha negado a la revisión de sus recursos por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE) porque asegura que provienen del Gobierno Federal y por tanto, argumenta, la única con competencia para la fiscalización es la Auditoría Superior de la Federación.
Por parte de la ASE y el Congreso de Sinaloa se ha replicado que dichos recursos, si bien vienen de la federación, primero pasan por las arcas estatales, por lo cual adquieren un componente local y eso les permitiría llevar a cabo la revisión de cómo se gastó ese dinero en la universidad.
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La negativa de la UAS a ser auditada por las instancias locales incluso generó que el rector Jesús Madueña y el hoy secretario general universitario (antes director jurídico), Robespierre Lizárraga, estén vinculados a proceso por el presunto delito de abuso de autoridad.
