Culiacán, Sinaloa. La reciente aprobación de la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) para 2026 por parte de la Cámara de Diputados, que refuerza el combate contra las factureras y amplía las facultades de vigilancia digital del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ha generado un amplio debate público y rechazo ciudadano.
De acuerdo con una encuesta realizada por Línea Directa a través de su canal de YouTube, el 87 por ciento de los participantes expresó su desacuerdo con que el SAT pueda acceder a los datos de las aplicaciones digitales, mientras que solo un 13 por ciento se mostró a favor.
El sondeo, con 238 votos, se llevó a cabo tras conocerse que la reforma armoniza el Código Fiscal con el artículo 19 constitucional, lo que permitirá aplicar prisión preventiva oficiosa a personas vinculadas con la emisión o uso de comprobantes falsos.
La iniciativa establece que un CFDI será considerado falso cuando no ampare operaciones reales y otorga al SAT la facultad de presentar querellas penales contra los responsables.
Sin embargo, organizaciones como Artículo 19 y la Asociación de Internet MX (AIMX) han advertido que la medida podría derivar en un modelo de vigilancia masiva, con riesgos para la privacidad, la libertad de expresión y la ciberseguridad.
La AIMX, que agrupa a empresas como Amazon, Cinépolis y Grupo Modelo, pidió a los senadores analizar a fondo el dictamen antes de su ratificación, y propuso sustituir el acceso directo a bases de datos por auditorías selectivas sujetas a orden judicial y con protocolos reforzados de seguridad.
Por su parte, legisladores de Morena defendieron la reforma como una herramienta para modernizar la fiscalización, combatir la evasión fiscal y cerrar el paso a las factureras que operan con comprobantes falsos.
¿Por qué genera rechazo la propuesta de acceso del SAT a las aplicaciones?
Porque, según especialistas, abriría la puerta a que la autoridad fiscal pueda revisar datos personales y transacciones sin orden judicial, lo que se percibe como una medida invasiva. Organizaciones civiles sostienen que podría usarse para vigilancia masiva y afectar derechos fundamentales.
¿Qué implicaciones tendría para empresas y usuarios digitales?
Expertos advierten que podría afectar la confianza en el ecosistema digital y ahuyentar inversiones extranjeras si no se establecen límites claros. La AIMX sugiere mantener la fiscalización, pero con auditorías bajo control judicial y reglas precisas para proteger la información.
¿Qué dicen los partidos políticos sobre la reforma fiscal?
Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) calificaron la reforma como un “Big Brother fiscal”; mientras que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusó que se trata de una “política de terrorismo recaudatorio”. Por su parte, Movimiento Ciudadano (MC) advirtió que la medida vulnera el derecho de defensa de los contribuyentes.
