Culiacán, Sin.- La reasignación de mil 600 millones de pesos al presupuesto de egresos 2019 del estado, la cual fue aprobada por 19 diputados de Morena, no tiene por intención promover el desarrollo y la inversión, sino únicamente es con un objetivo clientelar y electoral para “restaurar” la práctica “de los moches” en Sinaloa, aseguró Sergio Jacobo Gutiérrez.
En entrevista en la Primera Emisión de Línea Directa, el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local anunció que como grupo parlamentario promoverán una controversia constitucional contra esta reasignación, ya que en primera instancia, fue aprobada en una discusión que no contó con el quórum legal.
“Cuando se votó el dictamen en lo general estábamos 36 diputados pero cuando se votó la reserva de reasignación nos habíamos salido 17 legisladores, únicamente se quedaron 19 y para que exista quórum legal se requiere presencia de la mitad más uno, por lo que la votación de esta reserva es ilegal y la vamos impugnar mediante una controversia constitucional”, indicó.
Sin embargo, más allá de la forma, el coordinador priista calificó como “inviable” la reasignación aprobada por los 19 legisladores de Morena, ya que se está disponiendo de recursos federales que ya están etiquetados.
“Es una decisión aberrante y lo único que refleja es ignorancia de parte de diputados que presentaron esta reserva e hicieron un recorte totalmente arbitrario para completar esa bolsa de mil 600 millones. Recortaron de manera indiscriminada cosas que no se pueden recortar, como son las participaciones federales… Se está atendiendo una estrategia de tipo clientelar y electoral”, acusó.
Sergio Jacobo Gutiérrez criticó que la reserva que fue aprobada no apuesta por el desarrollo y la inversión en el estado, y ejemplificó que se aprobaron recortes “gravísimos” a programas de manutención de carreteras, a las becas de transporte y comedores para estudiantes; a la SEPyC, al Cobaes y al Conalep, así como al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
“Los recursos los quieren canalizar no a la inversión productiva y al desarrollo social sino al gasto corriente. Le están asignando 600 millones al programa de homologación de trabajadores de salud, que como sabemos son trabajadores que dependen del gobierno federal, lo mismo que el recurso para homologar el aguinaldo de la Sección 27 del SNTE. Son reclamos justos pero no es algo que le competa al estado atender, sino a la Federación”, explicó.
El legislador del tricolor adelantó que esperarán que los convoquen a la reunión de la Junta de Coordinación Política, en donde se definirá si la próxima sesión es este jueves o hasta la próxima semana, y a partir de ahí trazarán la ruta para promover la controversia constitucional.
Aclaró que esto es aparte de las medidas que pueda tomar el Ejecutivo estatal, el cual puede por separado interponer otra controversia o aplicar un veto al presupuesto aprobado.
