Guasave, Sin. La principal preocupación entre productores de tomate en Sinaloa, además del porcentaje del arancel impuesto por Estados Unidos, es ahora la gran interrogante que ahora flota sobre el mercado: ¿Quién asumirá finalmente ese costo? La duda recae sobre si serán los importadores, los consumidores estadounidenses o los propios agricultores quienes absorban el impacto económico del 17.09 por ciento.
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José Socorro Castro Gálvez, productor de hortalizas en Guasave, considera que existe un riesgo latente de que el consumidor final no esté dispuesto a pagar más y que eso lleve a los compradores a buscar opciones más baratas, aun si implican menor calidad.
“No sabemos si la industria restaurantera en Estados Unidos va a aceptar este 17 por ciento más caro, o si, como suele pasar cuando algo sube, simplemente van a buscar opciones más baratas, aunque no tengan la misma calidad. Esa es la preocupación: que el producto mexicano termine desplazado por uno más económico”, expresó.
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El temor de los productores es que, si los consumidores rechazan el aumento en el precio, los importadores podrían presionar para reducir los pagos a los exportadores mexicanos, o incluso sustituir el tomate nacional por productos de menor precio en el mercado internacional, lo que pondría en desventaja a los agricultores.
El productor sinaloense también señaló que el tomate no debe tratarse como si fuera un insumo industrial más. A diferencia de productos como el acero o el aluminio, dijo, se trata de un alimento fresco, perecedero y de consumo cotidiano, que requiere consideraciones diferentes en las decisiones de política comercial.
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Mientras no se defina quién pagará realmente el costo del arancel, la industria tomatera mexicana enfrenta un escenario lleno de incertidumbre, donde cada decisión de compra, venta o producción podría tener consecuencias significativas en la cadena agroalimentaria.
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