Culiacán, Sin.- Este miércoles se presentó el Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción en Culiacán, donde se contó con la presencia de Roberto Moreno Herrera, secretario técnico del Sistema Nacional Anticorrupción.
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El presidente del Comité Coordinador, Sergio Avendaño Coronel, mencionó que primero se trabajó en diseñar una política pública que nunca había existido para combatir la corrupción y hoy este programa entra en vigor para todos los entes públicos del Estado y de los municipios.
“Se trabajó en el diseño de ella con participación ciudadana con siete formas distintas de participación ciudadana y se publicó en el año 2020, pero como ahí vienen prioridades enunciados que priorizan acciones de gobierno necesitábamos decir ahora ¿cómo echarlas andar esas prioridades? y eso es en lo que consiste este programa de implementación”, expuso.
Son cuatro ejes fundamentales los que conforman este programa: combate a la corrupción e impunidad; combate a la arbitrariedad y abuso de poder; promover la mejora de la gestión pública y los puntos de contacto gobierno sociedad; e involucrar a la sociedad y al sector privado.
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En ese sentido, Sinaloa cuenta desde hace tres años con una Política Anticorrupción que le permitió ser, después de Zacatecas, la segunda entidad en tener este instrumento público y el lugar once en contar con el Programa de Implementación.
Para elaborar dicho programa, la Secretaría Ejecutiva y el Comité de Participación Ciudadana realizaron tres foros en Culiacán, Mazatlán y Ahome, en los que participaron 319 personas, expertos en el tema anticorrupción, entre los que se encontraban servidores públicos estatales y municipales, así como representantes del sector empresarial, instituciones de educación superior, agrupaciones civiles y gremiales, donde surgieron 82 estrategias y 172 líneas de acción; dicho programa tiene como característica estar acorde con los lineamientos del Sistema Nacional Anticorrupción, no así lo que sucede con otros estados.
Son 40 prioridades encaminadas a la prevención, investigación, substanciación, resolución y sanción de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, las que componen nuestro Programa a Implementar.
A través del mismo se atiende el diagnóstico que refleja la incidencia de los delitos por hechos de corrupción, cuántos de estos han sido sancionados y da paso al protocolo para investigar y perseguir estos hechos, en donde se incluyan mecanismos de gestión y mitigación de riesgos en los procedimientos de procuración de justicia.
Permite también el avance en la evaluación de los recursos materiales y humanos con los que cuentan las instituciones con competencia en responsabilidades administrativas; el diseño de una metodología de evaluación y seguimiento, capacidades y desempeño de las instituciones encargadas del combate a la corrupción y se impulsa la normatividad del servicio profesional de carrera en la administración pública estatal, basada en el mérito, capacidades, desempeño y habilidades, de acuerdo con el perfil del puesto, con perspectiva de género y fomento a la diversidad e inclusión, entre otras.
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La Política Estatal Anticorrupción será articulada y evaluada por el Programa de Implementación porque esta es una labor permanente que no se detiene con la sola elaboración, sino que ahora corresponde medir su grado de eficiencia, ajustar aquello que así lo requiera e, incluso, sustituir lo que no funcione.
