Culiacán, Sin.- No ha fracasado el Sistema Nacional Anticorrupción en México, sin embargo, los resultados lamentablemente en el combate a la corrupción no es a corto plazo, es decir de cinco o seis años y los que sí van asociados más a una cuestión de sanciones e impunidad, expresó secretario técnico del SNA, Roberto Moreno Herrera.
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A pregunta expresa, puntualizó que Sinaloa en materia en Sistema Nacional Anticorrupción es el estado número 2 en tener programa de implementación y de los primeros en tener una política estatal aprobada.
“Yo creo que no, al contrario el Sistema Nacional Anticorrupción justo nos está permitiendo poner diálogos cuando no teníamos como debemos de fortalecerlo o debemos de desaparecer un sistema nacional. Hoy estamos hablando de indicadores”, dijo.
Moreno Herrera explicó que hay incentivos que permite que cualquier servidor público cometa corrupción, sin distinción de que sea de algún partido político, ni de países desarrollados o pobres.
“Existen ciertas regulaciones que generan esos incentivos y justo el Sistema Nacional Anticorrupción uno de sus grandes objetivos es cerrar cuerpos a esas regulaciones, porque no sirve de nada si Sinaloa actúa de manera individual y los otros 31 estados o la Federación tienen exactamente esos incentivos normativos”, dijo.
Citó como ejemplo que uno de estos incentivos son las contrataciones públicas, destacando que hoy no hay un mecanismo nacional homologado, donde apuntó que cada estado tiene diferente normativa en materia de contrataciones públicas y diferentes criterios para atender algunas faltas administrativas en los Órganos Internos de Control.
Agregó que no hay ningún sistema nacional que no tenga una etapa de maduración, citando como ejemplo el sistema de actualización contable, el cual después de dos años se ha podido llevar a cabo un 60, 70 por ciento de armonización contable en las instituciones públicas.
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Subrayó que el Sistema Nacional Anticorrupción tiene el gran objetivo de contar con una plataforma digital nacional que permita tener en los siguientes años a 6 mil 900 instituciones públicas, las cuales proporcionan tanto su información de declaraciones patrimoniales como de contrataciones públicas como de sancionados en una sola plataforma.
