Los Mochis, Sinaloa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó la tesis: II.1o.A.24 K (11a.), en la que determina que los “tendederos de denuncia” que se exponen tanto en espacios públicos como privados para denunciar casos de acoso y hostigamiento sexual, abuso y violación, entre otros, son un “mecanismo legítimo para visibilizar la violencia de género en ejercicio de la libertad de expresión”.
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La argumentación del criterio de la SCJN radica en que estos espacios donde se publican nombres y fotografías de hombres y mujeres a los que se les señala como agresores, cumplen una función importante al visibilizar la violencia de género que suele ser minimizada en las estructuras institucionales.
Asimismo, considera que este mecanismo es una manera de romper el silencio que se imponen las víctimas ante el miedo, vergüenza o revictimización que enfrentan algunas personas al denunciar. Crea una conciencia colectiva sobre la magnitud del problema y fomenta el apoyo social y presiona a las instituciones a actuar con celeridad y justicia ante los casos denunciados.
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La vocera de Sororas, Alejandra Monserrat Limón Reyes, expuso que este criterio respalda a las víctimas a las que, en muchos de los casos, las propias instituciones les negaron el derecho a denunciar formalmente.
“Como colectiva feminista, nuestra postura es positiva. Evidentemente, los tendederos de denuncia han sido una forma de expresión para todas aquellas víctimas que, muchas veces ante la falta de confianza de interponer denuncias formales, recurren a una denuncia, se podría decir, informal, social, colectiva, que vienen siendo los tendederos. De esta manera se les da también el derecho a las víctimas a poder visibilizar las violencias que han vivido”, dijo.
Es importante señalar que la tesis publicada en Semanario Judicial de la Federación y con registro digital: 2030977, se analizó ante un caso que se presentó en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
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Hechos
Un particular reclamó una indemnización y reparación de su imagen pública por responsabilidad patrimonial del Estado a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), alegando daños por acoso, discriminación y difamación dentro de la comunidad universitaria.
De manera previa, la universidad adoptó medidas de protección tras una denuncia penal por violencia sexual en su contra presentada por una estudiante, integrante de esa comunidad universitaria, lo que el reclamante consideró como represalia y discriminación.
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El particular promovió su propia denuncia penal, acusando a la denunciante y a diversas autoridades de la UAM de discriminación y hostigamiento. Ambas denuncias fueron analizadas por distintas instancias y la Fiscalía determinó el no ejercicio de la acción penal respecto a la denuncia presentada por el reclamante.
“Al no recibir respuesta a su reclamación patrimonial en el plazo legal, promovió un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, impugnando la negativa ficta. En su defensa, la UAM argumentó que sus acciones se sustentaron en obligaciones de protección a víctimas de violencia de género y no configuraban una actividad administrativa irregular ni causaban un daño patrimonial directo”.
“El Tribunal Colegiado resolvió que no se demostró la responsabilidad patrimonial del Estado, la cual exige la existencia de un daño real y directo derivado de una actividad irregular, por lo que negó la indemnización. Esta resolución fue impugnada en amparo directo”.
Criterio jurídico
El Tribunal Colegiado de Circuito determinó que los “tendederos de denuncia” que se emplean o publican en los espacios privado y público constituyen un mecanismo legítimo para visibilizar la violencia de género en ejercicio de la libertad de expresión.
