Culiacán, Sinaloa. En tanto Gobierno del Estado cubre pagos adeudados de administraciones anteriores por el orden de los 5 mil millones de pesos, se analizan las modificaciones que se tendrán en el presupuesto del 2026 para cumplir con los compromisos financieros.
El gobernador Rubén Rocha Moya declaró este miércoles 5 de noviembre de 2025 que en la definición del presupuesto no se tendrán cambios a programas sustantivos como los de beneficio social, pero sí habrá ajustes en la inversión de obras públicas.
“Siempre procuramos que no nos afecten, sobre todo lo que son programas sustantivos, normalmente lo que se hace es reducir las expectativas de inversión en obra, tienes que hacer ajustes a eso, pero no a programas sociales”, declaró.
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Rocha Moya compartió que existe un análisis de las capacidades de Gobierno y están a punto de resolver ante el Congreso del Estado los planteamientos de cómo van a enfrentar el año que viene con la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos.
Explicó que en la iniciativa se tiene que expresar a los legisladores locales las propuestas para poder enfrentar los problemas urgentes, entre ellos, atender la necesidad de los trabajadores.
Esto, ante las retenciones no enteradas al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa (Isssteesin) y el Sistema de Ahorro y Prestaciones para la Burocracia Estatal (SIAP). El monto a pagar es de alrededor de 2 mil 641 millones de pesos.
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Otro adeudo que se tiene por gobiernos anteriores es ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de 2 mil 136 millones de pesos por auditorías irregulares practicadas en el marco del convenio estatal con estas áreas gubernamentales.
¿Cuál es el compromiso del gobernador de Sinaloa ante los adeudos de gobiernos anteriores?
El gobernador Rubén Rocha Moya ha declarado que se busca mantener finanzas públicas ordenadas, cumplir compromisos laborales, garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de pensiones, y otorgar la agilidad requerida en los trámites de jubilación.
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