Culiacán, Sinaloa.– “Es un mensaje claro en contra de la corrupción”, expresó el gobernador Rubén Rocha Moya sobre la condena de 8 años y 3 meses de prisión que el exsecretario técnico de la Secretaría de Turismo, Luis Ángel Pineda Ochoa, también conocido como LAPO (por las iniciales de su nombre), comenzará a cumplir esta semana.
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Declaró que en Sinaloa no debe haber impunidad y al ser el delito de desempeño irregular de la función pública el señalado hacia Luis Ángel Pineda, Rocha Moya dijo que hay varios en Sinaloa que están haciendo “cola para eso”.
“Qué bueno, en Sinaloa no debe haber impunidad. Esos que, a ver, ¿cuál es el delito?”
-Desempeño irregular…
“Hay varios que están haciendo cola para eso. Que se den cuenta qué es lo que ocurre y ya eso no va a tardar. Los que buscan ampararse, para el caso de corrupción es muy difícil que los amparen, ya están viendo ustedes qué está pasando con los que están solicitando amparos en la universidad para ese caso”, declaró.
El mandatario estatal señaló que a los exfuncionarios y a los actuales que se les acusa por desempeño irregular, se tiene que respetar su debido proceso con la presunción de inocencia.
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Indicó que algunos pueden ser declarados inocentes, y para esto se realiza el procedimiento legal, pero quien resulte responsable tiene que cumplir con la condena.
Cabe destacar que la sentencia le fue dictada a Luis Ángel Pineda desde el 2019 por el delito de desempeño irregular de la función pública.
El retraso de cuatro años en el inicio de la condena se debió a que el exfuncionario tramitó durante este tiempo diversos amparos tanto a nivel local como federal, inconformándose por las decisiones judiciales, sin embargo, finalmente le fueron negados todos los recursos.
Pineda Ochoa fue declarado culpable en el 2019 por la entonces jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada (hoy fiscal general del estado), de haber cometido un fraude en el año 2016, cuando estuvo al frente de la Secretaría Técnica de la Sectur, al simular una campaña publicitaria con al menos tres empresas.
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Dicha campaña tuvo un costo de 8 millones de pesos que habrían sido pagados con 42 cheques, sin embargo, éstos no fueron depositados a las compañías, sino que se transfirieron a las cuentas bancarias de esposa, hija, cuñado y hermana del inculpado.
Quien fuera funcionario en la administración estatal 2010-2016 fue sentenciado el 16 de junio de 2019 a 13 años de prisión, sin embargo, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa modificó la condena, al reducirla a ocho años y tres meses de privación de la libertad.
Asimismo, se le impuso una reparación del daño por 8 millones 651 mil 798 pesos, una multa de 36 mil 885 pesos y se le inhabilitó para ejercer cualquier cargo público durante 16 años y 6 meses.
