Culiacán, Sin.- La aplicación del arancel del 17.5 por ciento a las exportaciones de tomate mexicano hacia Estados Unidos no tiene sustento jurídico, pero si un impacto que de no revertirse podrían cerrar el changarro quienes se dedican a la siembra, cosecha y venta de la legumbre, afirmó la diputada federal por el PRI, Érika Sánchez Martínez.
Al participar en la novena sesión ordinaria de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados y la primera con carácter de itinerante celebrada en Sinaloa, Sánchez Martínez consideró que de no alcanzarse un resultado positivo para México el gobierno estatal y federal, deberán entrarle con recursos para aminorar el daño que causa el gravamen.
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“Y que de esto continuar así tendrían que dejar el cultivo en pocas palabras cerrar el changarro y dedicarse a otra cosa, nosotros lo que queremos en estos momentos es ayudarles, encontrar los medios y que sea el gobierno federal quien tienda estas líneas”, expuso.
Opinó que no es conveniente entrar a una guerra de aranceles como lo han propuesto algunas personas de que México grave al maíz amarillo que llega del vecino país, del norte, pues lo mejor es avanzar en una negociación donde se tome en cuenta que no hay dumping del tomate.
Explicó que hay planteamientos para que se implemente incentivos a los productores mexicanos de tal forma que el arancel del 17.5 por ciento no provoque que abandonen el cultivo por incosteable.