Culiacán, Sinaloa.- Tal y como lo anticiparon, el grupo parlamentario del Partido Sinaloense presentó este jueves 11 iniciativas de reforma para modificar la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, en exigencia de que se respete la autonomía universitaria de las instituciones públicas en nuestro estado.
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La coordinadora del grupo parlamentario del PAS, Alba Virgen Montes Álvarez, recordó que el PAS propuso un voto en particular para modificar el dictamen de la Ley de Educación Superior, donde se acordó que las consultas para modificar las leyes orgánicas de las universidades autónomas, le corresponden al Congreso y no a las universidades, y que las relaciones laborales es competencia de la Ley Federal del Trabajo y no del Congreso Estatal.
“Los sinaloenses, los empresarios, los estudiantes y los padres de familia estamos muy satisfechos con los resultados que se han obtenido en la Universidad Autónoma de Sinaloa en beneficios de toda la sociedad y de los sectores productivos de Sinaloa”, enfatizó la diputada Alba Virgen Montes Álvarez.
Montes Álvarez enfatizó que también se propuso que el Congreso no intervenga en las relaciones laborales entre las autoridades y los trabajadores; que las universidades decidan sobre la revalidación y movilidad; que el personal académico tenga representación ante la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior; que se respete el carácter de las universidades e instituciones a las que la ley otorga autonomía; que el financiamiento sea gradual, tomando en cuenta la inflación y la gratuidad de la educación; que la gratuidad entre en vigor en el ciclo 2024-2025 y no en el ciclo escolar 2023-2024, ya que el presupuesto para este año ya está en curso, entre otras.
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Por su parte, la legisladora Elizabeth Chía Galaviz, externó que es importante señalar que no se está solicitando que no se audite a las instituciones públicas autónomas, pues mencionó la Universidad Autónoma de Sinaloa en la última década ha sido auditada 38 veces con resultados satisfactorios.
Mencionó que como se sabe, las universidades públicas autónomas se están adaptando para desarrollar estrategias para estar en condiciones de cumplir con los requerimientos de control interno, evaluación y supervisión por órganos gubernamentales facultados (federales y estatales), transparencia y rendición de cuentas, evitando así la confrontación con el Estado y no poner en riesgo la autonomía universitaria como tal.
