Culiacán, Sinaloa. En la transformación que se tiene en el Centro de Culiacán, con la autorización de las licencias de construcción de las autoridades, Mapasin propone que las decisiones que impactan en el espacio y la vida pública del primer cuadro de la ciudad se creen a través de mesas de diálogo y mecanismos de participación ciudadana.
La ejecutiva de Educación y Comunicación de Mapasin, Gloria Morales, señaló que la verdadera revitalización del Centro urbano exige transitar de un modelo impositivo hacia una auténtica gobernanza urbana.
Explicó que es necesario que las herramientas técnicas, como las licencias de construcción, y los procesos sociales, como las mesas de diálogo, se alineen para co-crear un territorio justo, transparente y habitable.
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Gestión urbana contemporánea incluye a sectores sociales
La integrante de Mapasin comentó que la gestión urbana contemporánea demuestra que el futuro del espacio más democrático e identitario de Culiacán no puede depender de decisiones aisladas.
La propuesta es que en una mesa de diálogo participen las autoridades municipales, las cámaras empresariales, los comerciantes ambulantes, las asociaciones civiles y vecinos que aún habitan el Centro. El objetivo es que exista transparencia de las decisiones de gobierno y no una imposición que ha llevado a la demolición de edificios.
Gloria Morales destacó que las mesas no deben ser espacios de simulación para socializar un proyecto que ya está decidido, sino que deben funcionar como órganos de concertación social y contraloría ciudadana desde las etapas de diagnóstico.
Con ordenamiento en Centro se previene la gentrificación
La integrante de Mapasin destacó que cuando un proyecto de redensificación, peatonalización o reordenamiento comercial se discute de forma transversal, se reduce el conflicto social, se corrigen errores técnicos desde la experiencia del usuario de a pie.
Además, se previene un fenómeno latente en las revitalizaciones mal planificadas: la gentrificación y la expulsión de los habitantes tradicionales.
Añadió que las grandes ciudades que han logrado rescatar sus centros urbanos enseñan que la emisión de permisos debe evolucionar hacia esquemas con auditoría social. Lo implica que los planes parciales de desarrollo urbano e histórico no sean documentos cerrados que se actualizan cada 20 años, sino plataformas dinámicas y transparentes de consulta pública.
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