Culiacán, Sinaloa. Con el objetivo de proteger la salud mental de la niñez en Sinaloa, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) presentó la iniciativa Mente sana, niñez feliz, la cual propone modificar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa para establecer la atención psicológica como un derecho garantizado por ley, así lo dio a conocer la coordinadora de la bancada del PAN, Roxana Rubio Valdez.
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En conferencia de prensa, subrayó que Mente sana, niñez feliz, es más que una reforma, es un compromiso con la niñez de Sinaloa, para que nunca más se tenga que normalizar el miedo y para que puedan volver a vivir su infancia en paz y con esperanza.
Precisó que la propuesta coloca a la salud mental como principio rector en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Sinaloa y se incorpora en el catálogo de derechos, así como la obligación de que las escuelas cuenten con protocolos de atención psicológica inmediata,
“Nuestra propuesta coloca a la salud mental como principio rector en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de aquí del Estado de Sinaloa. Se incorpora en el catálogo de derechos, se establece la obligación de que las escuelas cuenten con protocolos de atención psicológica inmediata, que los centros de asistencia social tengan personal especializado y que se garantice acompañamiento emocional en todo procedimiento administrativo o jurisdiccional”, explicó la legisladora.
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Rubio Valdez destacó que la iniciativa plantea que la atención psicológica y emocional deje de verse como un lujo o una respuesta tardía y se convierta en una obligación institucional, con el fin de que cada menor reciba acompañamiento oportuno ante situaciones que afecten su bienestar.
Subrayó que se propone la modificación de los artículos 4, 11 Bis, 45, 45 Bis, 52, 52 Bis, 54, 57 Bis, 69, 77 Bis, 88 y 94 de dicha ley, con el fin de fortalecer el marco jurídico que garantice protección real e integral a la infancia sinaloense.
Por último, resaltó que la propuesta no sustituye los esfuerzos ya existentes, sino que los fortalece y les da un sustento legal claro, con el fin de asegurar una cobertura efectiva y especializada en las instituciones educativas y de asistencia social.
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