Culiacán, Sinaloa. Al igual que en otros recursos legales, en el caso de la controversia constitucional 206/2025, que ya llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se dará la razón al Congreso de Sinaloa, pues se actuó con estricto apego a derecho en el Acuerdo Número 80 del Poder Legislativo, mediante el cual se emitió la Declaratoria de Procedencia, a petición de la Fiscalía General del Estado (FGE), para proceder penalmente contra Gerardo Vargas Landeros y ordenar su separación del cargo como presidente municipal de Ahome, afirmó la diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa.
En conferencia de prensa realizada este martes 03 de marzo de 2026, recordó que antes de esta se promovió otra controversia constitucional, la 152/2025, en la que el Pleno de la Corte determinó que Gerardo Vargas ya no representaba al Ayuntamiento de Ahome.
Agregó que la controversia 206/2025 fue presentada en agosto de 2025 por el propio Vargas Landeros, cuando ya no ostentaba la representación del Ayuntamiento.
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Subrayó que, en esencia, el argumento central es que, más allá de la notificación personal recibida, hacía falta notificar al Cabildo.
Al respecto, explicó que el 29 de abril de 2025 se realizó la notificación y existe un documento oficial con sello del Municipio de Ahome.
Precisó que no fue recibida en el domicilio particular de Gerardo Vargas, sino en el Ayuntamiento, cuenta con el sello del Palacio Municipal y está firmada por personal del Ayuntamiento. Es decir, fue notificado en su carácter de autoridad y representante del Ayuntamiento.
“No tenemos absolutamente ninguna duda de que, al igual que en los otros recursos legales, vamos a salir adelante como Congreso, porque la legalidad del Acuerdo Número 80, tomado el 2 de mayo de 2025, no está en duda. Así lo han confirmado los diferentes juzgados de distrito. Recordemos que estuvimos envueltos en juicios promovidos en el estado de Zacatecas; después el asunto pasó a tribunales colegiados y ha llegado al Pleno de la Corte. Tenemos la seguridad y la confianza de que nos darán la razón porque actuamos con estricto apego a derecho”, expresó.
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Guerra Ochoa mencionó que el Congreso presentó un recurso de reclamación contra la admisión de la controversia, el cual está a cargo de otra ministra ponente, María Estela Ríos, distinta a quien lleva el asunto principal.
Explicó que inicialmente no se habían concatenado los documentos que el Congreso había presentado, por lo que el ministro ponente no tenía a la vista los argumentos expuestos en el recurso de reclamación. Sin embargo, al cruzarse ya la documentación, el tema sería abordado, aunque se decidió aplazarlo para analizar los documentos remitidos.
Añadió que el Congreso también envió documentación que incluye la firma de los regidores, ya que uno de los argumentos es que estos no tenían conocimiento.
Detalló que el 5 de mayo de 2025 el Cabildo de Ahome tomó protesta a Antonio Menéndez como alcalde, acta que también fue firmada por todos los regidores.
Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva, Rodolfo Valenzuela Sánchez, dejó en claro que el Congreso de Sinaloa actuó correctamente y sin cometer errores.
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“El Congreso del Estado ha actuado de manera correcta y no se cometieron errores. Él ha estado promoviendo sus recursos legales, lo cual es válido. Se le han dado los tiempos y las formas para que se defienda. Consideramos que el Congreso actuó bien; no hay errores”, declaró.
Cabe recordar que Gerardo Vargas Landeros fue desaforado como alcalde de Ahome el 2 de mayo de 2025 por el Congreso del Estado de Sinaloa, como parte de un proceso promovido por la Fiscalía General del Estado por presuntos actos de corrupción relacionados con el arrendamiento irregular de patrullas y por presunto abuso de autoridad.
¿Ya fue vinculado a proceso y de qué se le acusa?
Sí. Gerardo Vargas Landeros fue vinculado a proceso en distintos casos, luego de su desafuero como alcalde de Ahome. Un juez determinó que existen elementos suficientes para investigarlo por su presunta participación en los delitos de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público.
Entre las acusaciones destacan la adjudicación directa de un contrato por más de 33 millones de pesos a una empresa consultora y presuntas irregularidades en el arrendamiento de 126 patrullas por más de 171 millones de pesos, ambos casos sin proceso de licitación. Las investigaciones continúan y los procesos penales siguen su curso ante autoridades judiciales en Sinaloa.
