Culiacán, Sinaloa. A petición del asesor victimal, el juez de Control autorizó la ampliación de la investigación en el caso del arrendamiento presuntamente irregular de 135 patrullas, donde está involucrado el desaforado alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y los exintegrantes del Comité de Adquisiciones.
Durante la audiencia que se llevó a cabo la mañana de este viernes 16 de enero de 2026 en la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Centro a las 10:30 horas, el asesor victimal pidió al juez Carlos Alberto Herrera que se ampliara la investigación por dos meses más para realizar diversos actos.
Luego de escuchar el argumento, el juzgador autorizó el nuevo plazo, que concluye en el mes de marzo y se suma a los 6 meses que se dictaron el 8 de julio de 2025.
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Durante la audiencia de este viernes, Marisol Morales Valenzuela, exregidora del Ayuntamiento de Ahome también cambió de abogado.
El caso
El 8 de julio el desaforado presidente municipal de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y los exintegrantes del Comité de Adquisiciones: Genaro García Castro, Julio César Romanillo Montoya, Antonio Humberto Vega Arellano, Héctor Beltrán Moreno, Marisol Morales Valenzuela, Judith Elena Luna Castro y Fausto Rubén Ibarra Celis, fueron vinculados a proceso por los delitos de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público.
La Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró que el arrendamiento de patrullas sí generó un daño al erario del ayuntamiento, pues ejemplificaron que durante el mes de julio de ese año la comuna pagó 4 millones 739 mil 536 pesos a la empresa Grin Leasing, y de hacerlo directamente con la empresa Casanova Vallejo, el costo pudo ser de 2 millones 924 mil 583 pesos, es decir, se hubieran ahorrado 1 millón 814 mil 952 pesos.
El contrato se llevó a cabo del 10 de diciembre de 2021 al 31 de octubre del 2024, es decir, durante 35 meses, y al final la comuna compró 122 vehículos.
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De acuerdo a la FGE, se adquirieron camionetas pick up, motocicletas, cuatrimotos y automóviles, 94 para patrullas y 32 para tareas administrativas.
¿De qué trata del delito de desempeño irregular de la función pública?
El delito de desempeño irregular de la función pública en México, trata sobre conductas ilícitas por parte de servidores públicos, como corrupción, desvío de recursos, y tráfico de influencias.
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