Guasave, Sin.- Olvidadas por el mundo y muy lejos de Dios, a quienes la sociedad repudia y los organismos defensores de los derechos humanos no visitan, es la realidad que viven internas del penal de Goros 2, en el municipio de Ahome.
A través de la vía telefónica, el único medio que tienen para comunicarse con el exterior y por el que pagan una cuota de 10 pesos a las celadoras, mujeres que se encuentran presas en el Centro Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, hablaron para Línea Directa de la situación por la que están atravesando, en mayor o menor grado la padecen, porque adentro la autoridad se ha confundido con el abuso.
“Es un abuso oiga, ojalá los derechos humanos pero de México, vinieran aquí, pero no, nos tienen amenazados, ni aquí ni allá pueden decir nada, aquí no viene nadie, si uno pone la queja en los derechos humanos viene a ventanilla y le dicen lo que ellos quieren y ya derechos humanos se retira, no tenemos ninguna ayuda de nada, mis compañeras no hablan por miedo a las represiones y castigos”, aseguraron.
Acusaron directamente a la celadora Marlen Rubio, quien no sólo ejerce autoridad entre las presas, sino que las agrede, abusa de ellas, las tiene amenazadas con castigos o con “cobrárselas” con los familiares que acuden a las visitas.
El departamento jurídico que se supone debería estar al pendiente de aquellas internas que no cuentan con asesoría legal y que llevan su caso, brillan por su ausencia, a menos que se trate de “una carnita asada” al interior porque a eso sí acuden, denunciaron las mujeres que están pagando una condena en el centro de reclusión.
“La comida que les dan a las internas ni los perros se las comen, pedazos de bolonia verdes, pollo verde, casi salen con plumas las pobres ingratas, las tienen amagadas ahí adentro por eso no se quejan, si ustedes hablan las castigan con sus visitas o las castigan aquí adentro, pobrecitas”, lamentaron.
Hace apenas una semana que se reactivaron para ellas las visitas de los adultos mayores, algunas tienen más de un año sin ver a sus padres, hermanos o esposos a raíz del tema del COVID-19, sin embargo, aseguran que son casos especiales en los que para entrar al penal y en las situaciones de una persona de la tercera edad les han habilitado accesos que eviten el riesgo, aunque contrariamente las celadoras apenas el sábado obligaron a los familiares a subir más de 20 escaleras, uno de ellos se les cayó y se golpeó las rodillas cuando meses atrás se les había justificado con una carta médica su condición.
Fue el caso también de una mujer que usa andadera y la obligaron a subir los escalones porque en ese momento la había dejado por fuera.
Esto apenas es una parte de las situaciones que aseguran las internas están padeciendo y por lo que lanzaron un S.O.S a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque saben que en el caso de Sinaloa, difícilmente podrán ayudarlas.
